Defensoría del Pueblo recomendó a los alcaldes y presidentes regionales cumplir con sus obligaciones legales en materia de seguridad ciudadana.

Con motivo del inicio de su gestión.Defensoría del Pueblo recomendó a los alcaldes y presidentes regionales cumplir con sus obligaciones legales en materia de seguridad ciudadana.
- Se recomienda impulsar esfuerzos concretos para enfrentar la inseguridad local.
- Incumplir con la instalación y convocatoria a la sesiones de sus respectivos comités constituye falta grave.
Ante el inicio del periodo de gestión regional y municipal 2015 – 2018, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, recomendó a las autoridades municipales y regionales cumplir con sus obligaciones legales en materia de seguridad ciudadana, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
“En su condición de Presidentes de Comités de Seguridad Ciudadana, los alcaldes y presidentes regionales deben cumplir rigurosamente con las principales obligaciones que establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933), especialmente, la de convocar periódicamente a sus respectivos Comités. También, designar al personal especializado para la labor de Secretarios Técnicos; elaborar, ejecutar y monitorear sus planes de seguridad con el debido presupuesto así como realizar consultas públicas en esta materia”, acotó.
A continuación, indicó que en caso de que las autoridades municipales y regionales no instalen los comités de seguridad ciudadana o no los convoquen para sesionar, cometerían una falta grave cuya sanción es la suspensión en el cargo, tal como lo establece la normativa vigente (artículo 31 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y 25 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades).
Vega Luna señaló que los alcaldes provinciales y distritales, durante su proceso de planificación, deben organizar un sistema de seguridad vecinal para la alerta inmediata, la recuperación e iluminación de espacios públicos, el fortalecimiento de vigilancia en lugares con alta incidencia delictiva, así como potenciar la labor de fiscalización municipal ante la presencia de factores de riesgo (por ejemplo, venta de alcohol en calles, lugares de venta de objetos robados).
La Defensoría del Pueblo renueva una vez más su compromiso de colaborar en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
