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Defensoría del Pueblo recomienda a director del Penal de Lurigancho suspender la medida de corte de cabello general y obligatorio a privados de libertad.

11:23 am 20/06/2012

Carece de justificación objetiva y razonable.Defensoría del Pueblo recomienda a director del Penal de Lurigancho suspender la medida de corte de cabello general y obligatorio a privados de libertad.

  • Medida afecta el derecho a la dignidad humana e integridad física.
  • La imposición de dicha medida constituye un acto de arbitrariedad.

El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, recomendó al Director del penal de Lurigancho, Coronel Tomás Garay Durán, dejar sin efecto la decisión de imponer un corte de cabello a todos los privados de libertad recluidos en dicho recinto penitenciario, por considerarla humillante y degradante, que afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad e integridad física tanto de procesados como de condenados.

Tras recibir el pedido de intervención formulado por un grupo de internos del referido penal y  de realizar un análisis en base a la legislación y la jurisprudencia constitucional de la medida dispuesta por el director del penal, la Defensoría del Pueblo envió una comunicación a la citada autoridad formulando la recomendación de dejar sin efecto tal medida e invocar la exploración de otras acciones que fortalezcan la seguridad y el control en el penal más grande del país.

Sin dejar de reconocer la importante gestión que se viene realizado para reforzar el sistema de seguridad penitenciaria y el control de las personas privadas de libertad en dicho penal, se señala que la decisión de obligar a los internos a cortarse el cabello -a juicio de la Defensoría del Pueblo- no es objetiva, razonable y proporcional, y constituye una medida que no sólo configuraría un trato humillante y degradante sino que también afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad e integridad física de las personas privadas de libertad.

En el documento, también se ha formulado un recordatorio del criterio fijado por nuestro  Tribunal Constitucional sobre el tratamiento penitenciario, en mérito de la cual debe impedirse que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo.

Abundando en argumentos, el representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la medida podría contribuir a generar estereotipos negativos hacia esta población, lo que a su vez, podría afectar también la reinserción social de las personas privadas de libertad.