Defensoría del Pueblo recomienda a Municipalidad de Ica actualizar normas de transporte público en vehículos menores

Ante problemas en el transporte público en la ciudadDefensoría del Pueblo recomienda a Municipalidad de Ica actualizar normas de transporte público en vehículos menores
- Se requiere definir zonas de prestación del servicio, paraderos autorizados y horas máximas de labor para los conductores.
Ante el inminente aumento de mototaxis en la ciudad de Ica, la Defensoría del Pueblo (DP) recomendó a la Municipalidad Provincial emitir una ordenanza que defina las pautas mínimas para la prestación del servicio de transporte especial en vehículos menores, a fin de brindar condiciones de seguridad a los pasajeros y ordenamiento en el tránsito en la ciudad.
Al respecto, la DP advirtió que aproximadamente el 80% de estos mototaxis que circulan en la ciudad han sido modificados de tal manera que las puertas se sustraen, varios de ellos carecen de las luces reglamentarias e incluso se incorporan grandes equipos de sonido cuyo ruido perturba la tranquilidad pública e impide al conductor percibir otras señales acústicas que dan aviso del paso de una ambulancia u otras situaciones de emergencia.
Asimismo la Municipalidad Provincial de Ica no ha definido paraderos autorizados para los mototaxis en el cercado de la ciudad, y tampoco estarían realizando las acciones de fiscalización y sanción necesarias para garantizar una adecuada prestación del servicio.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la autoridad provincial actualizar el marco normativo local, que considere el crecimiento poblacional y las necesidades de movilidad existente, a partir de un análisis de la oferta y la demanda del servicio público, el máximo permisible de horas de labor de los conductores de estos vehículos, la delimitación de zonas de prestación del servicio y el establecimiento de paraderos, así como mejores procedimientos de control, fiscalización y sanción para erradicar la informalidad.
Finalmente, la entidad resaltó que estas recomendaciones se formulan al amparo de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en la cual se establece que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.
