Defensoría del Pueblo recuerda a PNP que debe proteger derecho a la vida e integridad de personas detenidas en protestas

• A través de documento dirigido a jefes de regiones policiales de todo el país se señaló que, conforme a la Constitución, toda forma de tortura o trato cruel se encuentra prohibida.

La Defensoría del Pueblo precisó a la Policía Nacional del Perú (PNP) la prohibición absoluta que rige en torno a posibles casos de tortura o de tratos crueles e inhumanos que podrían darse contra las personas que resulten detenidas durante las movilizaciones sociales que vienen registrándose en diversas regiones. En ese sentido, reiteró a las fuerzas del orden la necesidad de salvaguardar el respeto irrestricto de la integridad de quienes sean trasladadas/os a cualquier dependencia policial.

El pedido fue hecho a las regiones policiales, a través de documentos dirigidos por las oficinas defensoriales en los que se recuerda que las personas detenidas tienen derecho a ser informadas de sus derechos y los motivos de la detención, así como a la defensa legal, al reconocimiento médico y a la intimidad personal. También se remarcan los derechos a guardar silencio y al acceso a procedimientos judiciales de revisión de las detenciones, así como a no ser incomunicadas y mantener contacto con sus familiares, salvo excepciones.

Al respecto, el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, precisó que estas garantías se encuentran establecidas en la Constitución Política, en el Código Penal y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y su protocolo facultativo. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos de alcance internacional que han sido suscritos por el Perú.

“Tales instrumentos señalan, de manera explícita, la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, cualquiera sea la situación el contexto social o político en el que las fuerzas del orden desarrollen sus funciones”, sostuvo Barrenechea, quien pidió dichas garantías sean especialmente atendidas en el contexto de conflictividad política y social que viene atravesando el país, a raíz de las protestas en distintas regiones.

Ante ello, el representante de la Defensoría del Pueblo remarcó que el escenario convulso que se registra en la actualidad conlleva a que las dependencias policiales redoblen sus esfuerzos para garantizar los derechos de las personas durante y posteriormente a cualquier detención.