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Defensoría del Pueblo recuerda la importancia de los servicios complementarios para atender la salud emocional de estudiantes con discapacidad en universidades

7:26 pm 12/01/2026

  • Con motivo de las investigaciones iniciadas tras el fallecimiento de un estudiante con trastorno del espectro autista de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Defensoría del Pueblo recuerda a las universidades su obligación de garantizar una educación superior inclusiva y libre de discriminación.

La Defensoría del Pueblo recordó a las universidades públicas y privadas del país la importancia de implementar y mantener en funcionamiento efectivo los servicios complementarios universitarios, tales como psicología, salud, bienestar estudiantil y acompañamiento psicopedagógico, a fin de garantizar la inclusión, permanencia y bienestar integral de las y los estudiantes con discapacidad.

Este pronunciamiento se realiza en el marco de la intervención defensorial iniciada de oficio tras el fallecimiento de un estudiante con autismo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), ocurrida en diciembre pasado en la ciudad de Arequipa y respecto del cual la Defensoría del Pueblo viene investigando los presuntos actos de discriminación y verificando el cumplimiento de las obligaciones institucionales en materia de accesibilidad, ajustes razonables y protección de derechos.

La Defensoría del Pueblo precisó que los servicios complementarios constituyen una condición básica de calidad del sistema universitario, de conformidad con la normativa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y lo establecido en la Ley N.° 30220, Ley Universitaria. La falta de implementación o funcionamiento adecuado de estos servicios representa un retroceso en la inclusión y calidad educativa, situación que debe ser supervisada y, de corresponder, sancionada.

Asimismo, advirtió que la ausencia de atención a las necesidades educativas asociadas a la discapacidad genera barreras educativas, limita el acceso y la permanencia en el sistema universitario en igualdad de condiciones y reproduce situaciones de discriminación, marginalización y estigmatización social, pudiendo afectar gravemente la salud mental y emocional del estudiantado.

Las universidades tienen la obligación legal de garantizar accesibilidad y ajustes razonables, conforme a la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, lo cual implica eliminar barreras actitudinales, pedagógicas y administrativas, así como asegurar prácticas docentes con enfoque de discapacidad.

En ese sentido, reiteró que el modelo de educación inclusiva previsto en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige la capacitación permanente del personal docente, la valoración positiva de la diversidad humana y la adaptabilidad del servicio educativo como parte del derecho humano a la educación.

En su calidad de Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo viene supervisando el trabajo de la Sunedu para verificar si la UNSA y el resto de universidades del país cumplen con las condiciones mínimas que garanticen comunidades universitarias libres de discriminación por motivo de discapacidad.

Asimismo, se ha requerido a dicha superintendencia informar sobre las acciones desplegadas para supervisar los servicios complementarios universitarios que coadyuvan a la implementación de ajustes razonables, adaptaciones metodológicas y curriculares, apoyos, así como los servicios de bienestar estudiantil, psicopedagógicos, de salud y de prevención del suicidio.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, a emitir lineamientos específicos sobre la adaptabilidad del servicio educativo universitario para personas con discapacidad, evitando que el principio de autonomía universitaria sea utilizado como un impedimento jurídico para cumplir su rol de garante de los derechos fundamentales de las y los estudiantes provenientes de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La Defensoría del Pueblo reafirma que la prevención, la actuación oportuna y la atención integral de la salud emocional del estudiantado son responsabilidades ineludibles, y continuará realizando el seguimiento correspondiente para promover entornos universitarios inclusivos, seguros y respetuosos de la dignidad humana.