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Defensoría del Pueblo reitera al INPE que debe garantizar derecho a la salud de personas privadas de libertad y agentes penitenciarios

2:12 pm 21/05/2020

  • En lo que va de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria se han registrado más de 10 motines.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa reconoce los esfuerzos que viene realizando el INPE con la finalidad de enfrentar el brote masivo de la COVID-19 en las cárceles del país. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes frente al alto índice de hacinamiento que registran los penales en todo el país.

Esta situación ha generado que los hechos de violencia al interior de los penales se produzcan con mayor frecuencia. El día 18 de mayo se produjo un quebrantamiento del orden en el establecimiento penitenciario de Camaná, donde afortunadamente no se registraron muertos ni heridos de consideración pero sí agresiones en contra de dos agentes penitenciarios.

Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa logró entablar una comunicación con los internos para escuchar sus reclamos y tramitar aquellos que sean legítimos, priorizando las solicitudes en materia de salud. De la misma forma, se gestionó ante la dirección del penal para que haya mayor difusión sobre las normas de deshacinamiento que son de interés de este grupo.

Asimismo, se reiteró la necesidad de redoblar esfuerzos por parte del INPE, los cuales deben ser enfocados en dotar de mayores instrumentos de bioseguridad a favor de las y los trabajadores, así como de continuar de manera perenne con las capacitaciones dirigidas a la población penitenciaria en aras de prevenir el brote del COVID-19.

Del mismo modo, difundir las líneas telefónicas brindadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que la ciudadanía pueda obtener información real sobre el estado en el que se encuentran sus familiares privados de libertad, así como también se realicen charlas a la población penitenciaria sobre los alcances del D.S. N° 004-2020-JUS que establecen supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias presidenciales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa reitera su compromiso de seguir velando por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como ocurre con las personas privadas de su libertad.