Defensoría del Pueblo reitera necesidad de diálogo y ayuda humanitaria urgente para población afectada por desastre ambiental en Cuninico

• Declaratoria de emergencia ambiental no es suficiente para brindar ayuda humanitaria a la población.
• A 11 días de ocurrido el derrame de petróleo, la provisión de ayuda esencial para las personas y comunidades afectadas es insuficiente.

Frente a la situación de creciente tensión social que se vive en la zona de Cuninico, la Defensoría del Pueblo reiteró que es necesario definir, en las próximas horas, el lugar y la fecha de reunión entre los apus de las comunidades y una comisión de alto nivel del poder Ejecutivo. Son numerosos las/los pasajeras/os que se están viendo afectadas/os por la interrupción irregular del tránsito en el río Marañón.

A la fecha, se observa una insuficiente ayuda humanitaria a las comunidades indígenas afectadas por el derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano, ocurrido el 16 de septiembre último, en distrito de Urarinas, Loreto, que casi alcanzan las 3000 personas. La institución reitera al Ejecutivo la necesidad de declarar el estado de emergencia en el marco de la Ley n.º 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), a fin de mejorar acciones de respuesta estatal en la zona, sobre todo en entrega de ayuda humanitaria.

La Defensoría del Pueblo reconoce que, si bien la empresa ha hecho entrega de cajas de agua y packs de alimentos a la comunidad de Cuninico, y la Municipalidad de Uraninas ha entregado 1300 packs de agua en la zona afectada, ello no es suficiente, toda vez que se requiere garantizar agua y alimentos a la totalidad de comunidades afectadas ubicadas en los distritos de Uraninas y Parinari, en cantidad suficiente, hasta que las autoridades determinen el restablecimiento de la zona. Cabe mencionar que aún resultan insuficientes las acciones de limpieza y recuperación de hidrocarburos en la quebrada de Cuninico y río Marañón, pues se ha constatado áreas con petróleo sobrenadante.

En ese sentido, se reitera a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Indeci y los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Cultura, así como a las municipalidades y autoridades regionales, la urgencia de garantizar que la ayuda humanitaria sea continua, suficiente y se entregue con la debida frecuencia, mientras que permanezcan los impactos del derrame de petróleo, sin perjuicio de las acciones a cargo de la empresa Petroperú. Así se le hizo saber al viceministro de Gobernanza, Pedro Palomino Sánchez, durante la reunión sostenida hoy con miembros de la Defensoría del Pueblo.

También se puso en su conocimiento que las comunidades afectadas por el desastre ambiental carecen de suficientes sistemas de abastecimiento público de agua y por ello se ha recomendado a la Gerencia Regional de Salud de Loreto evaluar la declaratoria de emergencia sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en las comunidades afectadas. La falta de estos sistemas las obliga a comprar el recurso a proveedores privados o a realizar el consumo directamente de la fuente natural, por lo que los derrames continuos de petróleo a sus fuentes de agua agudizan una problemática social porque pone en grave riesgo la vida y salud de la población.

Para la Defensoría del Pueblo no es suficiente el abastecimiento únicamente mediante la entrega de cajas de agua, sino que es necesario que el Estado cumpla con garantizar el derecho humano al agua de estas poblaciones, a través de la instalación de suficientes sistemas provisionales de tratamiento, en tanto se implementan otras alternativas más sostenibles que le permita a la población acceder a agua segura. Es fundamental que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de órgano rector en el tema, adopte medidas necesarias para la pronta generación de la infraestructura de saneamiento que permita abastecer de agua provisionalmente a la población afectada en la zona del desastre.

La institución continuará supervisando y haciendo seguimiento a las acciones que viene implementando el Estado para proteger los derechos de las comunidades de Loreto afectadas por este desastre ambiental, mediante la atención médica, la dotación de agua, alimentos, seguridad y orden público, en coordinación con las organizaciones representativas de las comunidades indígenas y personas afectadas.