Defensoría del Pueblo reitera que empresas aseguradoras no pueden negar seguro médico a personas con Síndrome Down.

Institución exhorta a Indecopi confirmar sentencia que sanciona a Empresa aseguradora:Defensoría del Pueblo reitera que empresas aseguradoras no pueden negar seguro médico a personas con Síndrome Down.
- Negativa de asegurar a personas con discapacidad es discriminatoria y contraviene tratados internacionales
Ante la apelación presentada por la aseguradora Rímac –empresa que rechazó la afiliación de una joven con Síndrome Down–, la Defensoría del Pueblo reiteró ayer al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que negarle un seguro de vida o de salud a una persona con discapacidad constituye una acción discriminatoria.
Como se sabe, desde enero del 2011, la Defensoría del Pueblo ejerce un permanente seguimiento al proceso que los padres de Sandra Céliz Rossi, joven con Síndrome Down, iniciaron mediante una denuncia ante Indecopi porque a su hija le negaron el otorgamiento de una póliza de seguro médico para atender sus necesidades médicas.
Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, manifestó que la aseguradora sostiene que la negativa de cobertura a personas con Síndrome Down se sustenta en la existencia de mayores riesgos para el desarrollo de determinadas enfermedades, es decir, de un elevado índice de siniestralidad.
La funcionaria señaló que dicho argumento no fue aceptado por Indecopi que, en diciembre del 2011, emitió una resolución con la que declaró fundada la denuncia por discriminación y sancionó a la empresa con una multa equivalente a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Asimismo, ordenó que la referida empresa cumpliese con atender la solicitud de la afiliación de Sandra Céliz.
Además, Indecopi dispuso el inicio de una investigación de oficio, a fin de determinar si en el mercado de seguros de vida y salud las compañías aseguradoras están incurriendo en tratos diferenciados ilícitos y prácticas discriminatorias contra las personas con discapacidad.
En ese sentido, Malena Pineda sostuvo que la Defensoría del Pueblo reitera su posición institucional –plasmada en los dos informes presentados a Indecopi– en los cuales se señala que la obligación del Estado peruano de respetar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone la obligación de prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, así como velar por que estos seguros se presten de manera justa y razonable.
“El mandato de no discriminación contra las personas con discapacidad constituye un límite al ejercicio del derecho a la libertad de contratación de las empresas de seguros. En ese sentido, ningún grupo humano puede ser excluido de un seguro regular por ser considerado un riesgo no asegurable. Las compañías deberían evaluar coberturas de acuerdo con los estudios y exámenes correspondientes,” advirtió la funcionaria, tras exhortar a Indecopi a confirmar la sentencia que sanciona a la empresa aseguradora. Más adelante expresó que la seguridad social constituye un derecho humano y que, aún cuando en el país se permita que aseguradoras privadas presten dicho servicio, éste debe brindarse dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales, lo que incluye el mandato de no discriminación.
Si lo que se desea es alcanzar la inclusión social, es deber de todas las instituciones del Estado promover y garantizar el cumplimiento de la normativa que reconoce la igualdad de todos los grupos humanos, sin distinción alguna. Además, deben supervisar que dicha normatividad se aplique asimismo en las instituciones privadas”, puntualizó.
