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Defensoría del Pueblo saluda importante sentencia sobre capacidad jurídica de persona con discapacidad.

11:56 am 05/09/2014

Representa importante avance en reconocimiento de derechos.Defensoría del Pueblo saluda importante sentencia sobre capacidad jurídica de persona con discapacidad.

  • Demanda de amparo señala que toda sentencia debe respetar el máximo goce de los derechos fundamentales y no privar del ejercicio de éstos.

Mediante Resolución del 26 de agosto del 2014, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por el ciudadano José Antonio Segovia Soto, contra los magistrados de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, de la Primera Sala Civil del Cusco y del Primer Juzgado de Familia de Cusco, que lo declararon interdicto por su condición de discapacidad. Es decir que, no podía asumir la administración de sus bienes ni ejercer otros derechos, motivo por el cual se nombró a su hermana como curadora, para que tomara decisiones por él.

Es necesario señalar que el citado ciudadano, natural del Cusco, de 52 años, fue diagnosticado con esquizofrenia a los 24 años. Desde entonces cumple con su tratamiento médico, tiene control de su enfermedad y logró graduarse como ingeniero. Actualmente, realiza diversas labores cotidianas sin dificultades como cualquier persona.

Las evaluaciones psiquiátricas señalan que, al margen de su condición, es una persona lúcida, ubicada en el tiempo, espacio y persona y tiene un nivel de inteligencia normal. Debido a problemas con sus hermanos, ellos iniciaron un proceso de interdicción para lograr su internamiento.

“Esta sentencia es muy importante porque reconoce la autonomía y capacidad jurídica de las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones. Debemos dejar de considerar las deficiencias y apuntar hacia la eliminación de todas las barreras que impiden su plena inclusión en la sociedad”, señaló Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Por su lado, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que “a nivel mundial se reconoce que la mayoría de los trastornos mentales pueden ser controlados, tratados y, en muchos casos, prevenidos. Es obligación del Estado orientar su actuación hacia la mejora de la calidad de vida de este sector, haciendo énfasis en el reconocimiento de su capacidad de goce y ejercicio de derechos”, dijo la funcionaria.

Pineda recalcó que la Defensoría del Pueblo viene participando en la Comisión Revisora del Código Civil en materia de capacidad jurídica, con la finalidad de realizar las modificaciones necesarias que permitan asegurar este derecho. (Ver nota completa)