Defensoría del Pueblo saluda nueva Ley General de la Persona con Discapacidad.

Busca garantizar pleno ejercicio de derechos de este colectivo.Defensoría del Pueblo saluda nueva Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Norma constituye paso trascendental para que Estado adecúe políticas, programas y servicios a lo estipulado en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
La Defensoría del Pueblo expresó su reconocimiento a la promulgación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad por considerar que ella implica – entre otros aspectos- que este sector de la población podrá ejercer sus derechos y acceder a espacios públicos accesibles, a medios de transporte adecuados así como a los servicios de salud, educación, empleo y justicia, en igualdad de condiciones que las demás personas.
“Esta nueva Ley Nº 29973 incorpora como principios que deben orientar las distintas políticas y programas del Estado, la autonomía individual, la no discriminación, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre el hombre y la mujer, entre otros principios que han sido reconocidos por la Convención”, expresó el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.
Las innovaciones que señala la norma, darán lugar a un nuevo marco organizacional en materia de discapacidad y un mayor desarrollo de los derechos que establecía la anterior Ley Nº 27050.
En materia de salud, cabe destacar que las personas con discapacidad accederán a prestaciones que cubran su rehabilitación integral, la atención domiciliaria, la asistencia personal, su atención en centros de atención intermedia y residenciales; y se prohíbe su discriminación por parte de seguros públicos y privados. En educación se reconoce el derecho a recibir una educación inclusiva en todas las modalidades del sistema educativo, garantizando la accesibilidad y calidad del servicio educativo.
En materia de empleo se extiende la cuota mínima de 3% de trabajadores con discapacidad a los empleadores privados con más de cincuenta (50) trabajadores (antes la cuota de 3% era obligatoria solo para empresas y entidades del Estado, ésta se ha extendido a 5%).
Cabe recordar que los empleadores públicos o privados que contraten a personas con discapacidad cuentan con beneficios tributarios a través de deducciones adicionales en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones. Actualmente, este sistema viene siendo utilizado por varias empresas privadas que desde el 2004 las contratan satisfactoriamente.
Vega recordó que el plazo para cumplir con esta obligación es de dos años, lo que permitirá dar una mayor difusión y conocimiento sobre las capacidades, potencialidades y los perfiles de este sector poblacional quienes tendrán la oportunidad de demostrar su idoneidad para insertarse en el mercado laboral con un empleo digno. (ver nota completa).
