Defensoría del Pueblo: se exige profunda investigación y sanción a responsables de doble feminicidio en Tacna

• Mujer y adolescente víctimas de feminicidio habían sido previamente reportadas como desaparecidas en octubre y noviembre del 2020.

La Defensoría del Pueblo viene exigiendo  una investigación con diligencia reforzada y sin estereotipos que permita sancionar a los responsables de los presuntos feminicidios de J.M.C (20) y N.E.L. (14), ambas halladas sin vida enterradas en un pozo en Tacna luego de haber sido reportadas como desaparecidas en el 2020. Este caso ha develado serias limitaciones en el tratamiento de las denuncias por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres y deberá ser investigado de manera conjunta con las serias acusaciones sobre la existencia de redes delictivas que comprometen a miembros dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El caso de J.M.C. (20) fue reportado el  28 de noviembre del 2020, fecha en que los padres de la joven de 20 años denunciaron su desaparición. Poco después, el 18 de diciembre del mismo año, su celular fue encontrado en la casa de la esposa del policía Santiago Cristian Paco Mamani, Diana Apaza, ambos investigados por el presunto delito. Luego de ello, pese a que se solicitó la prisión preventiva contra el efectivo policial, esta fue denegada por la jueza Yuri Maquera, cuya decisión mereció una queja funcional por parte del Centro Emergencia Mujer de Tacna ante el Órgano Desconcentrado de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de esta región.

Como se mencionó, el 9 de febrero del presente año, se halló finalmente el cuerpo enterrado de la víctima en un pozo. Junto a ella, también se encontró el cuerpo de una adolescente de 14 años, quien también había sido reportada como desaparecida, por su madre, en el mes de octubre del 2020. 

Posteriormente, el 16 de febrero, el denunciado Paco Mamani, a través de un video publicado en las redes sociales, confesó y pidió disculpas por las muertes, además de incriminar a Jhon Fernando Choque Valdez en lo que sería presuntamente una red de trata de mujeres que funcionaría en la Central Operativa de Investigación Criminal de la PNP. Cabe precisar que ambos efectivos policiales habrían estado a cargo de las investigaciones de las desapariciones de las víctimas.

En ese sentido, resulta preocupante para la Defensoría del Pueblo que, de acuerdo con lo mencionado por los familiares, la denuncia no se habría tramitado de manera oportuna y se habrían presentado diferentes estereotipos de género durante la búsqueda. Así, tanto la investigación de las desapariciones como las denuncias de hechos delictivos dentro de la PNP no se estarían llevando de forma célere y eficaz, lo cual atenta contra las obligaciones del Estado en esta materia.

En esa línea, se ha exigido a la Fiscalía una profunda investigación con diligencia reforzada que permita sancionar a los culpables de los presuntos feminicidios. Asimismo, en un oficio dirigido al comandante general de la PNP, hemos solicitado abrir investigación a Paco Mamami y Choque Valdez, y a quienes resulten responsables del trámite de las denuncias sobre desaparición y posterior muerte de las víctimas, más aún cuando existe la posibilidad de que todo este enmarcado en una presunta red delictiva.

Adicionalmente a ello, deben separar temporalmente del cargo al personal de la sección de Trata de Personas y Desaparecidos de la División de Investigación Criminal tal como lo establece su régimen disciplinario (Ley 30714 artículo 73.1) hasta que se termine con la investigación y rotar el personal para no comprometer las investigaciones.

Finalmente, se alerta a las autoridades policiales a reforzar las capacitaciones sobre la importancia de las diligencias enmarcadas en el Decreto Legislativo N° 1428 y su protocolo, cuya importancia es vital para, en un plazo mínimo, ubicar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas antes que el hecho termine en un desenlace fatal.