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Defensoría del Pueblo se pronuncia en el contexto de las recientes protestas juveniles cuestionando la Ley N. º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano

7:37 pm 01/10/2025

En el contexto de las recientes protestas juveniles cuestionando la Ley N. º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

Reafirma su compromiso con los jóvenes que, en ejercicio de sus derechos, manifiestan sus opiniones y demandas en el espacio público, recordando que la protesta pacífica constituye un derecho legítimo reconocido en el orden constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En el marco de la actual discusión sobre el sistema de pensiones, la Defensoría del Pueblo recuerda que los artículos 10 y 11 de la Constitución reconocen el derecho universal y progresivo a la seguridad social, así como el derecho a una pensión. Del mismo modo, el Convenio Nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo establece normas mínimas internacionales que el Perú debe observar, incluyendo la garantía de pensiones justas, sostenibles y reajustadas frente a fenómenos económicos.

Ahora bien, en su momento, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Sistema Privado de Pensiones, por naturaleza, se alejaba de las premisas básicas de la seguridad social, introduciendo en la discusión el ámbito estrictamente financiero mercantil, alejándonos del derecho previsional que regula los sistemas de seguridad social y pensiones.

Sin embargo, la experiencia demuestra que el Sistema Privado de Pensiones se ha distanciado de estas premisas básicas, generando desconfianza y descontento social debido a sus altos costos administrativos, sus bajos niveles de cobertura y el hecho de que la gran mayoría de afiliados opta por retirar sus fondos, debido a que no tienen expectativa de que podrán acceder a una pensión decorosa al término de su vida laboral.

Asimismo, el Estado peruano, al entregar el manejo de los fondos a las fuerzas del mercado, ha generado una situación en la cual el desequilibrio de ganancias resultantes de dicha dinámica, es fuente de constantes conflictos sociales. Ello debido a que, mientras los propietarios de los recursos invertidos, los aportantes, afrontan pérdidas o ganancia “cero”, las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) no se ven afectadas en igual proporción.

Por ello, la Defensoría del Pueblo considera imprescindible una reforma previsional integral, que supere medidas parciales y reconozca el carácter social, solidario y humano del sistema pensionario, evitando tratarlo como un mecanismo del mercado de capitales. El sistema debe orientarse a garantizar condiciones de dignidad en la vejez, equilibrio financiero a largo plazo y sostenibilidad social.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República para que, en el marco de la gobernanza democrática, incluyan a la juventud y a los sectores más vulnerables en la construcción de un nuevo marco previsional. Escuchar y canalizar sus reclamos no solo fortalecerá la legitimidad del sistema, sino que también contribuirá a la pacificación social y a la consolidación de un Estado que cumple su deber de garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Finalmente, reitera su llamado a las autoridades para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho, evitando cualquier acto de represión desproporcionada y promoviendo canales de diálogo que permitan atender de manera adecuada las demandas de la población.