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Defensoría del Pueblo solicita al Mimp informar avances en medidas para atención de casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui

11:12 am 15/08/2025

  • Presupuesto de más de 20 millones aprobado en mayo último tiene como objetivo garantizar la implementación del SNEJ en esta provincia.
  • A junio de 2024, la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas reportó 528 investigaciones por agresiones sexuales y otros 256 procesos anteriores contra docentes por abusos a menores de edad.

A tres meses de la aprobación del Decreto de Urgencia 005-2025, el cual dispuso la transferencia de más de 20 millones de soles para atender la grave situación de violencia sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes reportada en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, la Defensoría del Pueblo requirió información al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre los avances de las acciones desarrolladas por cada uno de los sectores comprendidos en la norma.

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución, vigente desde mayo último, el monto aprobado tiene como propósito garantizar la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Condorcanqui. En ese sentido, se autorizó la transferencia de presupuesto a favor de los pliegos del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para la contratación de personal especializado y la adquisición de bienes, servicios y equipamiento esencial.

No obstante el tiempo transcurrido, para la Defensoría del Pueblo resulta necesario conocer el nivel de ejecución del presupuesto asignado, especialmente por la gran vulnerabilidad de la población afectada, al tratarse de niñas, niños y adolescentes  procedentes, en su mayoría, de comunidades indígenas de esta parte del país. Así lo señala la institución en el documento dirigido a la secretaría técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), máximo organismo del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Cabe indicar que el pedido es parte de la labor de supervisión que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, debido a los casos de violencia sexual reportados en la provincia de Condorcanqui desde hace más de diez años. En 2018, una investigación iniciada por la institución permitió conocer que el 64 % de casos evaluados durante el período 2012 – 2017 habían prescrito, lo que dio inicio a insistentes pedidos desde la sede defensorial de Amazonas para la implementación en esta región de una cámara Gesell, con el fin de evitar la impunidad en el resto de casos.

De otro lado, como parte  del seguimiento que desarrolla la institución, en junio del año pasado la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas informó que mantenía 528 investigaciones sobre agresiones sexuales, a las que se sumaban otros 256 procesos anteriores vinculados a agresiones sexuales a menores de edad por parte de docentes, de los cuales solo 8 contaban con sentencia.

Además, a lo largo de estos años se ha advertido algunos de los principales problemas que afectan a esta provincia, como el  aislamiento debido al mal estado de la vía terrestre, internet deficiente y fluido eléctrico inestable, así como falta de personal administrativo con dominio del idioma nativo. A ello se suma que los establecimientos de salud de esta provincia solo cuentan con 14 psicólogos para atender a toda la población indígena.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que en Condorcanqui, lugar donde las distancias, las carencias y el olvido agravan las secuelas de la violencia sexual e impunidad, la obligación de las autoridades debe trascender a la sola transferencia de recursos. Es necesario que se traduzca en acciones concretas, protección efectiva, sanción justa y oportuna y reparación integral. Por ello, la Defensoría del Pueblo reafirma que ninguna niña, niño o adolescente debe vivir expuesta/o a la violencia y al abandono del Estado. Es inaceptable.

Garantizar espacios libres de violencia, con prevención, atención especializada, permanente y en su propio idioma, es un derecho de toda niña, niño y adolescente sin distinción alguna y una obligación impostergable del Estado.