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Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo promulgación de la ley que reconoce y regula a los comités de autodefensa y desarrollo rural

4:09 pm 03/10/2025

Anuncia seguimiento en la implementación y fortalecimiento organizacional como parte de la estructura de la inteligencia comunitaria

La Defensoría del Pueblo saluda que el Congreso de la República haya establecido un marco legal para los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD). Este avance aporta orden y certeza jurídica a organizaciones comunales que, de forma transitoria, asumen tareas de vigilancia y protección en territorios históricamente afectados por la violencia.

Valora la entrega de miles de peruanos que se han sumado a la defensa nacional a través de los CAD. Sin su contribución histórica, no habría sido posible contener olas terroristas que buscaron infiltrarse en el corazón de comunidades campesinas y nativas, causando terror y muerte. Su papel ha sido factor clave en la lucha contra el terrorismo y su memoria merece reconocimiento.

En coherencia con ello, felicita en parte al Congreso por habilitar un marco legal para la promoción de los CAD; sin embargo, lamentamos que la norma restrinja su actuación exclusivamente a centros poblados, distritos y provincias declarados en estado de emergencia. Esta limitación no permite que los CAD —en tanto inteligencia comunitaria básica bajo conducción estatal y con estrictas salvaguardas de derechos humanos— puedan contribuir preventivamente en lugares donde no hay declaratoria de emergencia, pese a que allí también se requiere organización, alerta temprana y articulación institucional.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a implementar la norma, en los siguientes alcances:

  1. Fortalecer la prevención y la organización comunitaria en todos los territorios con antecedentes o riesgos de violencia, no solo en escenarios de emergencia, asegurando coordinación con autoridades y claras líneas de mando.
  2. Delimitar con precisión las funciones de los CAD para garantizar su carácter civil, pacífico, democrático y transitorio, no militarizado y plenamente subordinado a las autoridades del Estado.
  3. Organizar y mantener en alerta a las comunidades en todos los lugares donde hubo emergencia, a fin de consolidar memoria, prevención y respuesta sin reproducir escenarios de violencia.

Hemos aprendido del pasado que no debemos permitir el retorno de ideas de muerte ni de prácticas que vulneren la dignidad humana. La prevención y la memoria son pilares para que la paz se mantenga en el territorio.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la paz, la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas. Acompañaremos y vigilaremos la implementación de esta ley, proponiendo los ajustes necesarios para que su aplicación responda a los principios democráticos y constitucionales y al interés superior de las comunidades.

Por tanto, queda pendiente la aprobación de una Ley con mayores alcances, que haga viable el fortalecimiento de la inteligencia comunitaria en territorios que aún presentan riesgos y aquellos que anteriormente fueron declarados en emergencia.