Defensoría del Pueblo solicita inmediata intervención de la UGEL Pasco ante caso de bullying

- Sede defensorial promovió reunión con autoridades del plantel, quienes se comprometieron con activar protocolo para casos de violencia escolar.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco solicitó el inicio de una investigación a nivel administrativo por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pasco, por la presunta demora en la atención que habría existido por parte del coordinador de la Oficina de Tutoría y Orientación Educativa, así como de otros funcionarios de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, tras el caso de bullying registrado en dicho plantel.
De acuerdo a imágenes difundidas en medios digitales, un alumno de dicha institución emblemática de la ciudad de Pasco habría sido víctima de agresiones, lo que ha generado una gran preocupación en la región. Frente a estos hechos, un equipo de la sede defensorial de Pasco acudió inmediatamente al plantel y promovió una reunión con sus autoridades a fin de velar por los derechos de la víctima.
Durante la reunión, desarrollada en la sede de la Defensoría del Pueblo en Pasco, se pudo conocer que, a pesar de haberse conocido los hechos desde hace varias semanas, el personal docente de la institución educativa habría omitido adoptar acciones oportunas y efectivas para la protección del estudiante.
También se pudo conocer que, a pesar del tiempo transcurrido, la institución educativa no había cumplido con la activación de los protocolos de atención para casos de violencia escolar, lo que evidencia una falta de atención oportuna y adecuada del caso. La reunión culminó con el compromiso de las autoridades del plantel, disponiendo la activación inmediata del protocolo y el registro del caso en la Plataforma Siseve, acorde a las disposiciones del Ministerio de Educación.
De otro lado, a través de un documento dirigido a la UGEL, la sede defensorial de Pasco, lamentó la presunta falta de diligencia por parte de las autoridades del plantel, por lo que solicitó que esta presunta omisión de funciones sea investigada a nivel administrativo – disciplinario.
En el documento se recordó que la violencia escolar exige de las autoridades educativas una intervención rápida y oportuna, con acciones dirigidas a la protección de las víctimas pero también orientadas a trabajar con los presuntos agresores y espectadores, para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
