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Tumbes: deben restituir derechos laborales a testigos de caso de violencia hacia la mujer

9:32 am 21/06/2018

A Gobierno Regional de Tumbes
Defensoría del Pueblo solicita restitución de derechos laborales a dos testigos de caso de violencia contra la mujer

  • Trabajadora víctima de violencia por parte de Gerente Regional denunció que testigos de su caso fueron despedidas.
  • Autoridad regional de Tumbes incumple implementación de acciones para enfrentar situaciones de violencia contra la mujer.

 

La Defensoría del Pueblo demanda al Gobierno Regional de Tumbes la restitución de los derechos laborales de dos de sus trabajadoras quienes fueron despedidas como acto de represalia tras testificar a favor de su compañera Gresia Marilí Villegas Castillo en la denuncia de violencia de género contra el Gerente Regional Rodolfo Chanduvi Vargas, quien por orden judicial se dispuso que brinde las disculpas respectivas a la víctima, así como las correspondientes medidas de protección.

Las trabajadoras en mención son Daritza Silva Carrasco y Nicida Céspedes Dioses, quienes se desempeñaban como auxiliar administrativa en la Oficina de Patrimonio y como asistente administrativa de la Unidad de Trámite Documentario respectivamente. Ambas brindaron información relacionada a los actos de violencia cometidos contra su compañera a la Defensoría del Pueblo para precisar los pormenores del caso. Según el testimonio de la víctima, Gresia Marilí Villegas Castillo, a ambas compañeras de trabajo se les comunicó sus despedidos el pasado 21 de mayo por orden del Gerente Regional pese a que hace 3 años laboran en el Gobierno Regional de Tumbes.

La Defensoría del Pueblo recuerda que en un oficio del 17 de mayo se le recomendó al Gobierno Regional no solo una investigación a su Gerente por haber ejercido violencia psicológica contra Gresia Villegas Castillo, sino también que disponga el cese de los actos de hostilización laboral y/o despido de las trabajadoras involucradas en el caso.
En tal sentido, no solo se ha reiterado dicho pedido recientemente sino que además se le ha advertido a la autoridad regional que en su condición de presidente de la instancia regional de concertación para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, le corresponde promover las acciones necesarias y oportunas frente a esta problemática.

La Defensoría de Pueblo precisa también que la omisión de medidas de protección frente a decisiones arbitrarias sobre hechos vinculados a casos de violencia contra la mujer – como el caso de las dos trabajadoras regionales despedidas – podrían desencadenar en acciones legales ante las instancias judiciales y del Consejo Regional.