Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con representantes del Instituto Nacional Penitenciario a fin de fortalecer la cooperación interinstitucional entre ambas entidades
- La reunión se llevó a cabo el día 02 de octubre del presente año en las instalaciones del INPE.
Ante la problemática identificada respecto a las dificultades para el ingreso y desarrollo oportuno de las labores de supervisión defensorial en determinados establecimientos penitenciarios a nivel nacional, así como la necesidad de abordar aspectos críticos de la gestión penitenciaria en cumplimiento del mandato constitucional de supervisión, el jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, doctor Juan José Velásquez Huerta, junto a su equipo, sostuvieron una reunión de trabajo con la Dra. Betty Alejandrina Calderón Domínguez y el Dr. Víctor Hugo Tuesta Castro, ambos en representación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El encuentro tuvo como objetivo principal, fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional, facilitando el ejercicio de la función de supervisión defensorial y abordando las principales problemáticas que inciden en las condiciones de internamiento y en la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Durante la reunión, se abordó como primer punto el procedimiento de control de ingreso de los comisionados de la Defensoría Del Pueblo mediante detectores de metales (garrett) y disponer el ingreso de dispositivos electrónicos (celulares, cámaras fotográficas) en situaciones que sean necesarias, las mismas que serían destinadas para uso exclusivo del registro de las actuaciones defensoriales. En ese contexto, se enfatizó la necesidad de establecer un procedimiento claro que resulte compatible con el adecuado y oportuno desarrollo de las funciones defensoriales, respetando la dignidad de los comisionados.
Asimismo, se expuso la grave situación de sobrepoblación penitenciaria, la cual alcanza un 154 % a nivel nacional, registrándose 106 209 personas privadas de libertad para una capacidad de albergue de solo 41 764 plazas (data a julio del 2026). Frente a ello, se evaluaron los avances del Plan de Deshacinamiento 2026–2028, la implementación de nuevas plazas, las gracias presidenciales, la articulación con el PRONAPRES y el estado de operatividad y requerimiento de los dispositivos de vigilancia electrónica personal.
En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo requirió información sobre las medidas de atención y contingencia ante eventos climáticos en penales vulnerables como Challapalca, la gestión de apoyo para la población extranjera sin red familiar (como la facilitación para la entrega de medicinas y útiles de aseo), el funcionamiento de ambientes para visitas íntimas y la atención especializada en salud mental. Del mismo modo, se dio seguimiento a las acciones técnicas de adecuación del sistema biométrico para garantizar el registro y acceso a visitas íntimas de parejas del mismo sexo.
Finalmente, ambas instituciones coincidieron en la importancia de mantener un trabajo articulado y permanente, orientado a garantizar condiciones adecuadas de supervisión en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo de este modo a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y al fortalecimiento de la gestión penitenciaria conforme a los principios del ordenamiento jurídico nacional e internacional.