Defensoría del Pueblo supervisará actuación del sistema de justicia ante denuncia de violencia contra madre y sus dos hijos menores de edad

- Institución advierte la necesidad de garantizar una respuesta oportuna frente a solicitudes de medidas de protección cuando se encuentra en riesgo la integridad de mujeres, niños y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia, la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y la Oficina Defensorial de Lima, recibió a la ciudadana Carolina Bezerra, quien solicitó la intervención de nuestra institución frente a la presunta demora del sistema de justicia en la atención de su solicitud de medidas de protección ante violencia enfrentada.
Durante la reunión, la ciudadana informó haber denunciado públicamente, a través de redes sociales, presuntos hechos de violencia física y psicológica en su agravio y de sus dos hijos menores de edad que habrían sido cometidos por el padre de éstos.
Asimismo, manifestó que, desde mayo de 2026, solicitó ante el 12. ° Juzgado de Familia de Lima el otorgamiento de medidas de protección. Sin embargo, señaló que, pese al tiempo transcurrido, estas aún no habrían sido dictadas, situación que le genera preocupación ante un posible riesgo para su integridad, así como de sus hijos.
Ante lo expuesto, la Defensoría del Pueblo realizará las actuaciones correspondientes, en el marco de sus competencias constitucionales, a fin de supervisar las acciones realizadas por parte de las instituciones que integran el sistema de justicia, en cumplimiento de sus funciones, y verificar que el caso sea atendido con la debida diligencia, celeridad y enfoque de derechos.
Nuestra institución recuerda que, frente a situaciones de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, las autoridades competentes deben adoptar oportunamente las acciones necesarias para evaluar el nivel de riesgo y garantizar medidas efectivas de protección. Esta obligación adquiere especial relevancia cuando los hechos denunciados involucran o pueden afectar, directa o indirectamente, a niños y adolescentes.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo enfatiza que toda actuación estatal que involucre a personas menores de edad debe considerar primordialmente su interés superior, garantizando su derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia y evitando situaciones que puedan incrementar su exposición a nuevos riesgos.
Finalmente, reafirmamos nuestra labor de supervisión de las actuaciones de las entidades y formular las recomendaciones que correspondan para contribuir a que las víctimas de violencia reciban una respuesta estatal oportuna, articulada y efectiva, conforme a sus derechos a la protección, acceso oportuno a la justicia, entre otros.
