Defensoría del Pueblo: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac debe garantizar inclusión de estudiantes con discapacidad
- Tras intervención defensorial, casa de estudios exoneró de pago de matrícula, comedor universitario y certificado de estudios a estudiantes con discapacidad que no podían cubrir dichos costos.
La oficina de la Defensoría del Pueblo de Apurímac destacó que la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac aprobara la exoneración del pago de matrícula, comedor universitario y certificado de estudios a las alumnas y los alumnos ingresantes y regulares con discapacidad que presentan dificultades para cubrir dichos costos, a fin de garantizar el derecho a la educación superior, sin discriminación y en igualdad de condiciones.
El personal defensorial tuvo conocimiento, a través del área de Bienestar Social, de las diferentes dificultades que presentaban las y los estudiantes con discapacidad, por lo que recomendó a la casa de estudios superior realizar las gestiones necesarias a fin de eliminar las barreras que limitan el acceso a su educación profesional, entre ellas la exoneración de pagos de matrícula, acceso y monitoreo permanente de las áreas social y psicológica, así como mejorar la accesibilidad a todos los servicios que brinda la universidad, principalmente a salones de estudio, biblioteca y servicios higiénicos.
“Nuestra institución en atención a sus funciones y como Mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) realizó una serie de supervisiones a la Universidad Nacional Micaela Bastidas para centrar políticas en favor de las y los estudiantes con discapacidad”, sostuvo Jorge Solano, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Apurímac.
En ese sentido, se recordó que la Ley Universitaria señala la obligación que tienen las universidades de implementar todos los servicios con el fin de incluir plenamente a las personas con discapacidad en sus comunidades. Asimismo, que en la Ley General de la Persona con Discapacidad se prevé que la referida población vulnerable tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades educativas y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades.
Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Apurímac continuará supervisando la implementación de un servicio educativo inclusivo en el contexto del retorno gradual a la presencialidad por parte de las universidades públicas y privadas.