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Defensoría del Pueblo: urge dotar a la PNP de unidades vehiculares debidamente equipadas para hacer frente a la inseguridad ciudadana

3:15 pm 15/11/2022

  • Contar con la logística necesaria permitirá debido cumplimiento de sus funciones de prevención e investigación del delito.
  • Tras supervisión se constató estado inoperativo de unidades en algunas dependencias policiales de Lima provincias y Chincha.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministro del Interior la urgente adopción de medidas destinadas a fortalecer el patrullaje vehicular que realizan las diversas dependencias policiales a nivel nacional, con unidades idóneas y suficientes, que permitan mitigar la incidencia de la criminalidad que viene afectando al país. Ello tras realizar una supervisión y verificar el deficiente estado en el que se encuentran las unidades vehiculares.

En efecto, tras visitar las dependencias policiales de la zona norte del departamento de Lima y en la provincia iqueña de Chincha, verificando que algunas de estas no cuentan con ningún vehículo, o teniendo unidades asignadas, la mayoría se encuentra en estado inoperativo, viéndose en la necesidad de desarrollar la labor de patrullaje en bicicletas.

Asimismo, se advierte que otro problema generalizado es la presencia de vehículos inoperativos irrecuperables al interior de las sedes policiales o en el perímetro de estas, afectando la percepción de la ciudadanía de ineficiencia estatal para contrarrestar la inseguridad ciudadana.

Ante esta situación, mediante un oficio dirigido al titular de dicho sector, la Defensoría del Pueblo solicitó disponer el retiro de aquellos vehículos que se encuentren en estado inoperativo e irrecuperable; resaltando la necesidad que este tipo de acciones de lleven a cabo de forma periódica y a nivel nacional con el fin de evitar que se acumulen, afectando la seguridad y el libre tránsito.

De la misma manera, la institución ha requerido se implementen las gestiones pertinentes que permitan dotar a las dependencias de la PNP de nuevas unidades vehiculares y con el debido equipamiento, por la naturaleza misma del tipo de tareas para las que son utilizadas y la variada geografía de las regiones del país por donde deben recorrer, considerando para ello -de ser oportuno- la modalidad de renting y la adquisición de seguros vehicular e, incluso, del SOAT.

Por otro lado, en relación a las unidades de Lima Metropolitana, la Defensoría del Pueblo precisó que en el 2016, el Ministerio del Interior convocó a una licitación pública para el arrendamiento de 900 unidades vehiculares (renting) que actualmente vienen operando en la ciudad; sin embargo, a la fecha, el contrato de alquiler ya habría vencido. Por ello, se ha solicitado informar sobre las medidas para garantizar la continuidad de estos vehículos.

Ante esta problemática, la institución recordó de la importancia del trabajo coordinado y de apoyo que debe existir entre los gobiernos regionales y locales con la PNP para hacer frente a la criminalidad, a través de los recursos que la ley permite y de estrategias, como el “patrullaje integrado”. En este sentido, se invocó a las nuevas autoridades electas a asumir compromisos en esa línea y promover su inclusión en la agenda los correspondientes comités de seguridad ciudadana que prevé la Ley n.° 27933.

También se recordó que, mediante Decreto Supremo n.° 006-2022-IN, se aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, documento del cual se desprenden una serie de acciones de prevención social y para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como el mejoramiento de instrumentos tecnológicos y de telecomunicaciones, el patrullaje y la recuperación de los espacios públicos.

Finalmente, se recalcó que la Defensoría del Pueblo continuará desarrollando supervisiones con un enfoque de derechos humanos, promoviendo políticas que involucren la participación de las organizaciones sociales, principalmente en acciones de carácter preventivo y de vigilancia de las obligaciones y compromisos, sin que ello signifique el traslado de responsabilidades que son exclusivamente del Estado.