Defensoría del Pueblo: urge fortalecer inversión en salud mental para garantizar atención descentralizada y de calidad

• Persistencia de estigmas y discriminación hacia personas con problemas de salud mental desfavorecen acceso a servicios.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Defensoría del Pueblo advierte que, a pesar del reconocimiento de la salud mental como un derecho humano esencial en la vida de las personas, el país aún no cuenta con servicios fortalecidos, capaces de cubrir la demanda de atención de la salud mental de manera descentralizada, oportuna, de calidad y sin prejuicios.

En el informe n.° 004-2022-DP “Avances y limitaciones en el proceso de desinstitucionalización en los servicios de salud mental a nivel nacional en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus”, emitido en septiembre de 2022, la Defensoría del Pueblo alertó que, si bien el presupuesto asignado al control y prevención en salud mental ha ido aumentando sostenidamente desde el 2018, actualmente representa solo el 0,2 % del presupuesto nacional y el 1,6 % del presupuesto asignado a la función salud, lo cual resulta mínimo teniendo en consideración que los problemas de salud mental representan gran porcentaje de los problemas de salud en general en la población.

“Urge reforzar los niveles de atención primaria para que las personas puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Preocupa, además, la falta de una estrategia articulada para la atención de la salud mental que debe ser dirigida por el Ministerio de Salud (Minsa) y articulada con los gobiernos regionales, EsSalud, la Sanidad de la PNP y el sector privado. Actualmente la atención de la salud mental no se desarrolla de manera coordinada y eficiente debido a que no hay complementariedad ni continuidad en los servicios ofrecidos. Cada sistema se organiza de manera diferente”, sostuvo Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Cabe señalar que, tras la supervisión nacional a los servicios de salud mental, se pudo verificar que de los 164 hogares protegidos que se programaron instalar hasta el 2021, solo se implementaron 57, lo que dejó una brecha del 65 %. Debe destacarse que se trata de un servicio que permitiría continuar con el proceso de desinstitucionalización de aproximadamente 600 personas usuarias hospitalizadas por larga estancia, que aún se mantienen en establecimientos psiquiátricos.

De otro lado, Pineda añadió que, a pesar que en los recientes años se ha incrementado el número de establecimientos que prestan servicios de salud mental, la brecha de atención no logra ser superada. Así, solo 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental, reciben tratamiento adecuado. Esto ocurre por la falta de información, falta de servicios cercanos a la comunidad, estigma, prejuicios, entre otros factores.

“Ir a terapia resulta un paso difícil para las personas con problemas de salud mental por el estigma y los prejuicios sobre las enfermedades mentales, por ejemplo, pedir permisos para recibir atención en salud mental en el trabajo podría afectar su desarrollo profesional y hacerlos víctimas de discriminación”, añadió la representante de la Defensoría del Pueblo.

En esa misma línea, resaltó que, a pesar de que muchas municipalidades cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación en cualquiera de sus formas en sus jurisdicciones y sancionan estos actos con multas pecuniarias, no se evidencia una adecuada fiscalización a los establecimientos, lo que ha ocasionado que se presenten casos en los que se denigre a personas con problemas de salud mental, como el recientemente presentado en bar Estación Psiquiátrica del distrito de Independencia. A la fecha, pese a la intervención defensorial y el pronunciamiento público del Ministerio de Salud y de distintos establecimientos de salud mental, dicha municipalidad no se ha pronunciado al respecto.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de Promover, Proteger y Supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exhorta a replantear la política de salud priorizando la atención articulada y descentralizada de la salud mental, asignándole los recursos que las personas requieren.