Defensoría del Pueblo: urge garantizar acceso a la educación de estudiantes con discapacidad en Amazonas

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas demandó a las Unidades de
Gestión Local (UGEL) de Bagua, Utcubamba, Condorcanqui, Chachapoyas, Bongará,
Rodríguez de Mendoza, Luya, Ibir Imaza, Cenepa y Santiago monitorear y evaluar
cómo se viene implementando la educación remota para los 186 estudiantes con
discapacidad registrados en estas jurisdicciones, a fin de corregir las deficiencias.
Al respecto, Genoveva Gómez, representante de la Defensoría del Pueblo en la región
recordó que mediante la Resolución Viceministerial N° 93-2020-Minedu, se aprobaron
las “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante
el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”. De igual forma,
mediante la Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU, se establecieron las
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y
Programas Educativos de la Educación Básica”.
En estos documentos se establece que en el caso de los estudiantes con alguna
discapacidad, el docente debe realizar las adaptaciones curriculares pertinentes para
que el escolar pueda desarrollar sus competencias. Asimismo, indican que se debe
recoger información sobre las condiciones de conectividad, así como las necesidades
educativas especiales, que presentan.
En este contexto, la institución demandó a las UGEL monitorear la prestación del
servicio educativo a distancia a fin de garantizar el acceso y permanencia en el
sistema educativo de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en sus diferentes
niveles. En este sentido, de identificarse la existencia de estudiantes que no tienen
acceso a la educación, coordinar con la Dirección Regional de Educación, con la
finalidad de implementar las acciones necesarias para superar las dificultades
observadas.
Adicionalmente, la oficina defensorial exigió a las UGEL supervisar que los docentes
realicen las adaptaciones curriculares pertinentes y coordinar con los servicios
educativos como el Servicio Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas
Especiales (SAANEE) u otro profesional de inclusión, que brinde acompañamiento
psicológico y pedagógico específico complementario a la estrategia de “Aprendo en
casa”.
De la misma manera, se requirió a las UGEL supervisar que los directores y docentes
informen a las familias o tutores de los estudiantes con alguna discapacidad sobre los
aprendizajes esperados, cómo serán evaluados, el tipo de adaptaciones o ajustes
razonables usados durante la evaluación; así como sobre los progresos, dificultades y
recomendaciones a seguir para la mejora de sus aprendizajes.
La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de
promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, hará seguimiento a la implementación de estos
requerimientos para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños con
discapacidad.
