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Defensoría del Pueblo: urge reactivación de comisión anticorrupción de Loreto que no sesiona desde el 2018

9:42 am 19/11/2021

  • La reunión programada en septiembre no se llevó a cabo por falta de quórum.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto demandó a al Gobierno Regional cumplir con la Ordenanza Regional n.° 005-2014-GRL-CR, para que disponga a la Secretaría Técnica, en el más breve plazo, realice la convocatoria a una sesión de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) de Loreto, la cual no sesiona desde el 2018.

Sobre el particular, la sede defensorial señaló que se programó una reunión para el 17 de septiembre último, pero no se concretó por falta de quórum para sesionar. Cabe indicar que se esperaba que se coordinen las acciones a fin de que se reactive este espacio de coordinación interinstitucional, se elija al presidente de la CRA y la programación de la agenda de trabajo de lo que resta del año del 2021 y el 2022, con el objetivo de articular esfuerzos frente a los casos de corrupción en la región.

“Hemos solicitado que la CRA Loreto, además, defina las acciones correspondientes para la implementación del Decreto Supremo n.° 169-2021-PCM que garantice la reactivación de las sesiones, ya que esta norma dispone que ante la falta de un integrante de la CRA sea reemplazado por un/a funcionario/a con capacidad de decisión autorizado/a para la sesión convocada. Además, que el presidente elabore un informe para la entrega del cargo, con detalle de los acuerdos adoptados durante su gestión, para su seguimiento”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en la región, Abel Chiroque.

Es preciso indicar que el decreto supremo dispone que la presidencia de las CRA sea por un (1) año, con posibilidad de reelección inmediata y continua por el mismo periodo, la regulación del manejo de conflictos de interés que pudieran presentarse de parte de sus miembros permitiendo la abstención y la recusación cuando corresponda y la posibilidad de suscribir un compromiso de integridad de miembros para apartarse voluntariamente de la Comisión en caso tenga una sanción administrativa firme, proceso penal en la etapa de juicio oral o condena penal en primera instancia por delito doloso en aras de no afectar la legitimidad de la participación de la entidad.

Finalmente, también establece que la secretaría técnica recaiga sobre el jefe del órgano que ejerce la función de integridad en el Gobierno Regional, para que la Comisión Regional Anticorrupción y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción garanticen la coherencia con la política nacional, en línea con las recomendaciones de la OCDE. Se establece el deber de cada entidad a designar a un coordinador para que integre las CRA con el objetivo que sirva de enlace con la Secretaría Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción y se reitera la condición supervisora de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de organismo constitucional autónomo.