Defensoría del Pueblo: urgen medidas para evitar cortes masivos del servicio de electricidad

• Desde el inicio del estado de emergencia hasta agosto del 2021, empresas han efectuado más de 900 000 cortes del servicio.
• Se presenta informe que revela problemas en la facturación y la atención de reclamos.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo, a Osinergmin y a las empresas del sector eléctrico a alcanzar una solución viable y efectiva a los problemas de morosidad del pago de las facturaciones del servicio de electricidad que trascienden al periodo de aislamiento social obligatorio y que deben ser atendidos en protección de las personas usuarias del país.

Como se sabe, a consecuencia de la propagación del COVID-19, desde marzo del 2020, se declaró el estado de emergencia nacional, dictando un conjunto de medidas excepcionales para la restricción de la movilidad, que han incrementado considerablemente el uso de los servicios públicos domiciliarios, entre los que se encuentra el servicio de electricidad.

Este servicio es de vital importancia para la educación remota, el trabajo a distancia, la iluminación de los hogares, la refrigeración y cocción de alimentos, el lavado de ropa, la comunicación, entre otros. Sin embargo, todo ello ocurre en medio de dificultes económicas, pues la población ocupada a nivel nacional en el 2020 disminuyó en 2 231 300 personas, respecto del 2019 (13,0 %). En el área urbana se contrajo en 16,4 % (2 188 500 personas) y en el área rural en 1,1 % (42 800 trabajadores afectados).

En este contexto, se han evidenciado una serie de necesidades que son recogidas en el informe “En defensa de las personas usuarias del servicio de electricidad: Evitemos cortes masivos y cobros excesivos”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, que aborda el sistema tarifario en el servicio eléctrico peruano, los avances en la implementación de medidas para corregir las distorsiones en el mercado de generación eléctrica y la necesidad de reformas normativas para lograr tarifas más justas para las personas usuarias. Además, se realiza una aproximación al incremento del consumo residencial del servicio de electricidad y el impacto de este aumento en el desplazamiento de rango del consumo de electricidad, y en la economía familiar.

Si bien se reconocen los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo (que habilitó la entrega del Bono Electricidad y el fraccionamiento de la deuda asumiendo de manera diferenciada los intereses compensatorios), se ha comprobado que aún persisten problemas relacionados con la morosidad y cortes del servicio.

Solo en lo que respecta a las empresas públicas, Fonafe ha informado que, desde el inicio de la emergencia nacional hasta agosto del 2021, las personas usuarias habían acumulado una deuda superior a los mil millones de soles, que representa un índice del 14,15 % de morosidad global.

En ese mismo periodo, las referidas empresas han efectuado más de 900 000 cortes del servicio, en una situación en la que, a agosto del 2021, más de 778 000 suministros presentaban causal de corte.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo llama la atención a los principales problemas relacionados con la facturación del servicio de electricidad y da cuenta del incremento de reclamaciones por cobros excesivos y excesiva facturación, impugnaciones y quejas, prestando atención al sentido de las resoluciones, por su estrecha relación con el incumplimiento de las garantías del debido procedimiento. Además, se pone en la palestra las irregularidades en las notificaciones, para su evaluación y propuestas de solución.

Por ello, se recomendó al Ministerio de Energía y Minas elaborar nuevas propuestas de facilidades económicas para el pago de las deudas por recibos del servicio eléctrico, en favor de las familias más vulnerables, tales como la aprobación de un nuevo fraccionamiento sin intereses, la condonación de las deudas por cargos distintos al del propio consumo y alumbrado público, así como la entrega de un nuevo bono destinado exclusivamente para el pago del servicio de electricidad; y coordinar su aprobación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Es necesario que se evalúe las propuestas de mejoras normativas integrales presentadas por Osinergmin y las que promueva el Ministerio de Energía y Minas para modernizar al sector eléctrico y lograr menores tarifas para los usuarios, principalmente residenciales y pequeños comercios”, sostuvo la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez.

La representante de la entidad añadió que es fundamental que las empresas distribuidoras de electricidad prioricen el uso de tecnologías, a fin de garantizar el control de calidad de su proceso de facturación -con la adecuada toma de lectura o cálculo de promedios-, notas explicativas de registros de consumos, atención de reclamos, emisiones y notificaciones de sus resoluciones, así como la determinación de sus deudas al finalizar el procedimiento de reclamos.

Puede ver el informe en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/Inf-esp-14-2021-Evitemos-cortes-masivos-y-cobros-excesivos-electr-con-DL.pdf.