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Defensoría del Pueblo y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Policía Nacional del Perú se reúnen a fin de fortalecer la labor de la Policía en sus actuaciones con un enfoque de derechos humanos

7:30 pm 25/06/2026

  • Reunión permitió identificar oportunidades de mejora para que las investigaciones por los delitos de lavado de activos se realicen garantizando los estándares nacionales y convencionales en materia de plazo razonable.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Policía Nacional del Perú (DIRILAED – PNP) y con las Divisiones Policiales a su cargo, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional para conocer las principales dificultades operativas que afrontan en sus investigaciones.

La referida Dirección expuso su metodología de trabajo, así como las principales dificultades que enfrenta en el ámbito operativo, entre las cuales destacan falta de trazabilidad en la información relacionada a las investigaciones en las que coordina con el Ministerio Público y la necesidad de fortalecer la interoperabilidad con otras instituciones.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recordó la importancia de que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público mantengan una actuación articulada y coordinada durante la investigación, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. En ese sentido, se hizo mención a lo señalado por el Tribunal Constitucional, que ha exhortado a ambas instituciones a establecer protocolos de coordinación obligatorios para garantizar una lucha eficaz contra la criminalidad.

La Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de consolidar mecanismos de articulación y mejorar la calidad de la información entre las entidades competentes, a fin de fortalecer la transparencia, garantizar el debido proceso y contribuir a una lucha más eficiente contra el lavado de activos, en el marco del respeto de los derechos fundamentales y del adecuado funcionamiento de la administración pública.