Después de una larga jornada, la Defensoría del Pueblo da cuenta que participó activamente para lograr una tregua en el conflicto del bloqueo de vías que perjudicó el normal desplazamiento de turistas al Santuario Histórico de Machu Picchu y permitió que personas varadas puedan desplazarse al lugar de su destino

- Rechazamos todo tipo de violencia y exigimos la intervención inmediata de las autoridades competentes para solucionar conflictos que se vienen desarrollando en la administración de los servicios de transporte
El transporte hacia el Santuario Histórico de Machupicchu se ha visto gravemente afectado en los últimos días por acciones de violencia como bloqueos y daños a la vía férrea, los cuales atentan contra el Patrimonio de la Humanidad Machu Picchu declarado por la UNESCO. Tales acciones vienen impidiendo el traslado de turistas nacionales y extranjeros, generando además millonarias pérdidas económicas. Según estimaciones oficiales, las pérdidas superan los S/ 2 millones diarios en la región Cusco, con un impacto directo de más de S/ 1 millón diario en el distrito de Machupicchu, afectando a unas 900 empresas locales — entre hospedajes, restaurantes, guías de turismo y artesanos — y a más de 31 mil establecimientos en toda la región.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo lamenta que las autoridades hayan actuado tardíamente en este caso, habiendo permitido el escalamiento del conflicto social. Por ello, la Defensoría del Pueblo desplegó un equipo en la zona de Qoriwayrachina, distrito de Machupicchu, donde cumplió su rol de mediador entre la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y el Comité de Lucha de Machupicchu. Gracias a este esfuerzo, se acordó permitir el paso de trenes para el traslado de turistas nacionales, extranjeros y pasajeros locales hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre.
Por ello, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:
1. Protección de la integridad y seguridad de las personas: Nuestra principal preocupación es salvaguardar la vida, el cuerpo, la salud, la seguridad; así como su dignidad de todos los afectados, en especial de los turistas que permanecen en la zona y de la población local afectada por el bloqueo de la vía férrea.
2. Importancia del diálogo: Reafirmamos que el diálogo es el único camino legítimo y democrático para canalizar las demandas ciudadanas. La violencia y los daños a la infraestructura no solo afectan derechos fundamentales, sino que también agravan la situación de la población y dañan la imagen del país.
3. Intervención en mediación de la Defensoría: Nuestra institución sostuvo reuniones directas con los tres actores centrales del conflicto —la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, la empresa Sumaq Ayllu y el Comité de Lucha de Machupicchu—, logrando un acuerdo que permitió la tregua temporal y la circulación de trenes para el traslado de turistas y pasajeros locales. Este resultado evidencia el valor de la mediación como herramienta para abrir espacios de entendimiento en escenarios de alta tensión.
4. Escucha activa y traslado de pedidos: La Defensoría del Pueblo se compromete en elevar las demandas planteadas por cada una de las partes a las diferentes instancias correspondientes del Estado.
5. Prevención de pérdidas económicas: Recordamos que el turismo en Machupicchu es un motor económico vital para miles de familias cusqueñas. Bloquear el transporte no solo perjudica a los visitantes, sino que también provoca pérdidas millonarias que afectan a más de 900 empresas en el distrito de Machupicchu y a más de 31 mil establecimientos en toda la región, dañando el sustento de guías, artesanos, restaurantes, hospedajes y transportistas.
6. Gestión de cumplimiento: La Defensoría del Pueblo hará un seguimiento permanente del cumplimiento de los compromisos asumidos en los diferentes espacios de diálogo y espacios técnicos que viene desarrollando el Ejecutivo con los actores involucrado, a fin de que cumplan sus compromisos acordados y evitar el escalamiento crítico del conflicto.
7. Llamado a la paz y a la convivencia democrática: Hacemos un llamado firme a que las protestas se desarrollen de manera pacífica, sin actos de violencia ni daños contra la infraestructura pública; asimismo, deploramos aquellas acciones delictivas, que pretendiendo enmascararse como protestas sociales y estar contrarios al ordenamiento jurídico vengan afectando la integridad de ciudadanos extranjeros y nacionales.
La paz social y el respeto mutuo son condiciones indispensables para que los procesos de diálogo prosperen y den respuestas sostenibles. Por ello, la Defensoría del Pueblo en mandato de la Constitución Política del Perú, reafirma su compromiso en la protección de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad; asimismo supervisar el normal funcionamiento de la administración estatal sobre el caso de Machupicchu.
