Destacamos reglamentación de la Ley de Salud Mental y exhortamos a acelerar proceso de desinstitucionalización

- El reglamento recoge recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la implementación del modelo de atención comunitaria de salud mental.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones de Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – MICDPD destaca la reciente promulgación del reglamento de la Ley de Salud Mental, Decreto Supremo Nº 007-2020-SA que promueve la atención en salud mental de calidad, bajo el modelo comunitario.
Entre los aspectos positivos está la creación del Consejo Nacional de Salud Mental (Conasame), conformado por los titulares de diversos sectores, como Salud, Educación, Trabajo, Justicia, e instituciones como el INPE, EsSalud, entre otros; el cual tendrá como una de sus principales funciones dar seguimiento y fiscalizar el cumplimiento de la Política Pública de Salud Mental. Esta medida recoge la recomendación defensorial de abordar el problema de la salud mental de manera multisectorial.
Además, el reglamento desarrolla los alcances de documentos de planeamiento estratégico multisectorial: la “Política Pública de Salud Mental”, el “Plan de Salud Mental intersectorial” y el “Plan Quinquenal”, los cuales tienen la finalidad de delimitar las acciones, lineamientos, metas e indicadores y asignar a cada sector responsabilidades para implementar el modelo de salud mental basado en la comunidad.
No obstante, preocupa al MICDPD la dilación de los plazos para la implementación de los procesos, a pesar que la atención de la salud mental es una prioridad en la agenda nacional. Por ejemplo, para la aprobación del cronograma de implementación de los documentos de planeamiento antes mencionados, se ha establecido un plazo de 60 días hábiles y un periodo de 180 días hábiles para aprobar los “Lineamientos de conformación y funcionamiento de los Comités Permanentes encargados de evaluar la desinstitucionalización de personas con discapacidad psicosocial”.
La creación y funcionamiento de los Comités de Desinstitucionalización son una obligación desde el 2015, parte fundamental de la implementación del modelo comunitario y un paso esencial para la superación del modelo manicomial, por lo que exhortamos al Ministerio de Salud (Minsa) a priorizar la desinstitucionalización de los usuarios de los servicios de salud mental.
En el Informe Defensorial N° 180 «El derecho a la salud mental supervisión de la implementación de la política pública de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización», publicado el 2018, advertimos la existencia de más de 600 personas institucionalizadas (privadas de su libertad) en establecimientos administrados por el Estado (una de ellas internada por más de 70 años) afectándose sus derechos fundamentales como la integridad, la libertad, la vida en comunidad, entre otros. Estas personas no pueden esperar más.
Finalmente, exhortamos al Minsa elevar a nivel de “Dirección General de Salud Mental” a la Dirección Ejecutiva de Salud Mental para que cumpla su papel de órgano de línea encargado de diseñar, coordinar, conducir, monitorear, supervisar y evaluar la Política de Salud Mental, y liderar las acciones que tanto la Ley de Salud Mental y el Reglamento han previsto.
