Ejecutivo y Legislativo deben gestionar la crisis con mayor urgencia y realismo

Frente a la grave crisis que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo, conforme a su mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales, señala lo siguiente:

1. Lamentamos el fallecimiento de ocho peruanos y manifestamos nuestras condolencias a las familias afectadas. Las familias de estas personas deben recibir una atención solidaria del Estado peruano. Sumado a este triste desenlace, hemos identificado a decenas de ciudadanas/os heridas/os, en el marco de las protestas, y miles de personas afectadas por la interrupción de vías y servicios públicos y privados. Las causas que afectaron la vida, integridad y otros derechos de estas personas deben ser investigadas y debe determinarse la responsabilidad, así como la sanción correspondiente para las/los autoras/es.

2. Pedimos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo implementar alternativas realistas de gestión de la crisis política, para restablecer, en un plazo razonable, la gobernabilidad y la paz social del país. La población demanda que las situaciones de tensión y violencia que vivimos a lo largo del país se resuelvan de manera oportuna, con diálogo democrático, y en el marco constitucional.

3. En tal sentido, instamos al Congreso de la República a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones. La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional, considerando el plazo más realista, en función de la actual situación nacional, las expectativas de la ciudadanía y de la capacidad de organización del proceso por el sistema electoral.

4. Del mismo modo, instamos al Ejecutivo a liderar la gestión de esta crisis, no solo con un sentido de urgencia, sino también considerando la importancia de lograr un diálogo estratégico y oportuno con autoridades y organizaciones locales, regionales y nacionales. El despliegue de ministras y ministros hacia las regiones debe estar acompañado de la debida colaboración y apertura de las/los actoras/es locales y regionales. Solo así será posible adoptar acuerdos que gocen de legitimidad y viabilidad social.

5. Reafirmamos que nuestro país fue víctima de un condenable golpe de Estado fallido. En tal sentido, las/los autoras/es de este grave delito deben responder ante la justicia con  las garantías previstas por ley. No puede permitirse impunidad ni la manipulación de lo ocurrido para inducir a la violencia.

Finalmente, aún con las declaraciones de estados de emergencia, la Defensoría del Pueblo continuará cumpliendo sus labores en todo el territorio nacional, supervisando el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, y contribuyendo a que la sociedad y las autoridades puedan llegar a consensos que permitan al país salir de esta crisis.