El Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión con el presidente del INPE para fortalecer la cooperación interinstitucional y abordar los principales problemas actuales que enfrenta el sistema penitenciario

• La reunión se llevó a cabo el día 11 de mayo del presente año en las instalaciones del INPE con la presencia del Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, el doctor Jorge Henry Cotos Ochoa.

Ante las dificultades advertidas en diversos establecimientos penitenciarios a nivel nacional relacionadas a temas de salud, seguridad e infraestructura penitenciaria, sostuvimos una reunión de coordinación con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de conocer cuáles han sido las acciones adoptadas por la institución.

Sobre los hechos acontecidos en los establecimientos penitenciarios de Puno y Juliaca, se informó acerca de las acciones adoptadas tales como la medida cautelar de separación de cargo dictadas a los agentes del INPE involucrados en presuntos actos de corrupción, así como el inicio de las investigaciones correspondientes.

Del mismo modo, sostuvo que, a fin de mejorar la seguridad penitenciaria y fortalecer las medidas de control penitenciario, se encuentran evaluando la ampliación de establecimientos penitenciarios a fin de realizar el traslado de internos vinculados a casos de extorsión.

Por otro lado, se abordó el tema de los avances del proceso de unificación del INPE y la SUNIR, así como las gestiones para implementar revisiones corporales con garret al personal y comisionados de las Oficinas Defensoriales de la Defensoría del Pueblo. Sobre este último punto, se advirtió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, debe aprobar la adquisición de dichos equipos.

En esa línea, se precisó que se realizaron las gestiones para la compra y adquisición de nuevos equipos de seguridad, como walkie-talkies; sin embargo, el proceso no logró concretarse en dos oportunidades por la falta de cumplimiento de requisitos por parte de los postores, lo cual deviene en la falta de implementación de mejores medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en la importancia de mantener un trabajo articulado y permanente, orientado a garantizar condiciones adecuadas de supervisión en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo de este modo a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y al fortalecimiento de la gestión penitenciaria.