El Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, para garantizar los derechos y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad

• La reunión se llevó a cabo el día 14 de mayo del presente año en las instalaciones de la sede principal de la Defensoría del Pueblo, donde se contó con la presencia del Dr. Abel Hurtado Espinoza, Director General de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y el Dr. Francisco Eduardo Vegas Palomino, Director de la Dirección de Defensa Pública.

El Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión de coordinación interinstitucional con el director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de fortalecer las acciones que se vienen desarrollando de forma conjunta orientadas a garantizar el acceso a los servicios de asistencia legal gratuita de las personas privadas de libertad.

Durante la reunión, el Jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, informó sobre las principales problemáticas advertidas durante las recientes supervisiones realizadas en establecimientos penitenciarios, especialmente aquellas relacionadas con la falta de inscripción de sentencias en el Registro Penitenciario del INPE, el acceso a beneficios penitenciarios y la necesidad de fortalecer la asistencia legal dirigida a las personas privadas de libertad.

En ese contexto, se planteó la necesidad de impulsar una mesa de trabajo interinstitucional entre el INPE, específicamente con la Dirección de Registro Penitenciario, el Poder Judicial, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de identificar y priorizar los casos de personas privadas de libertad que permanecen con condenas no registradas, así como promover campañas focalizadas en inscripción de sentencias en establecimientos penitenciarios. Ello, tras advertirse que las demoras en la inscripción de sentencias constituyen una problemática que involucra a diversas entidades del sistema de administración de justicia y repercute directamente en la situación jurídica de las personas privadas de libertad.

Adicionalmente, se resaltó la necesidad de fortalecer la presencia de defensores públicos en los establecimientos penitenciarios y continuar desarrollando campañas permanentes de orientación y asistencia legal respecto al estado de los procesos judiciales, acceso a beneficios penitenciarios, redención de pena, revisión de medidas coercitivas y otros. En esa línea, el Director General de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Abel Hurtado, manifestó su compromiso de fortalecer la atención en los establecimientos penitenciarios, evaluando la ampliación de días de atención semanal a fin de brindar una mayor cobertura a la población penitenciaria.

Del mismo modo, durante la reunión se abordó la problemática advertida en torno a las solicitudes de gracias presidenciales presentadas por personas privadas de libertad, las cuales, en diversos casos, no vienen siendo atendidas oportunamente. Al respecto, los representantes de la Defensa Pública señalaron que actualmente vienen desarrollando campañas vinculadas a gracias presidenciales en establecimientos penitenciarios de Arequipa y próximamente en Cusco, precisando que dichas acciones fueron impulsadas a raíz de las recientes modificaciones al reglamento correspondiente. Asimismo, indicaron que estas campañas podrían incorporar mecanismos de orientación y seguimiento de las solicitudes presentadas.

Por otro lado, se hizo referencia a la necesidad de fortalecer las capacitaciones dirigidas al Poder Judicial en materia de beneficios penitenciarios, considerando que un número considerable de solicitudes son declaradas improcedentes pese al cumplimiento de los requisitos establecidos. Asimismo, se abordó la necesidad de impulsar espacios de coordinación con la Policía Nacional del Perú, especialmente respecto a las requisitorias y traslados para audiencias judiciales, advirtiéndose que, en algunos casos, las limitaciones presupuestales dificultan el traslado de internos. Frente a ello, se destacó que la implementación de audiencias virtuales ha permitido mitigar parcialmente dicha problemática, aunque todavía persisten algunas dificultades operativas.

En esa línea, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado y promover capacitaciones dirigidas a operadores del sistema penitenciario en temas relacionados con derechos humanos, beneficios penitenciarios y acceso a la justicia, a fin de proteger los derechos fundamentales de la población penitenciaria.