En el Día Internacional de los Derechos Humanos presentamos balance de nuestro compromiso con la protección de todas las personas

Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reafirma su misión constitucional de defender los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, con especial énfasis en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Este mandato se cumple mediante la supervisión del accionar de la administración estatal y la verificación de la adecuada prestación de los servicios públicos.

Como órgano autónomo, la institución mantiene un trabajo permanente a través de una mayor presencia en todo el territorio nacional mediante sus oficinas defensoriales y módulos de atención. Como ejemplo de ello, solo en el último mes fueron inauguradas las oficinas defensoriales de Chimbote y Tarapoto, así como el módulo defensorial en Camaná. Desde estos espacios se atiende casos de vulneración de derechos y se supervisa la actuación de las entidades de Estado.

Uno de los avances más significativos es la consolidación del Programa Nacional Rompiendo Cadenas, orientado a fortalecer la protección de niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad como hijos menores de edad de personas privadas de la libertad, víctimas de feminicidio o de fallecidos durante la pandemia, entre otros segmentos de población de alta vulnerabilidad y en riesgo inminente a quienes venimos atendiendo ubicándolos en cualquier punto del país donde pueden encontrarse.

Asimismo, bajo el liderazgo del defensor del pueblo, doctor Josué Gutiérrez Cóndor, la institución llevó a cabo catorce sesiones descentralizadas en todo el país con nuestras comunidades nativas amazónicas y ocho con las comunidades campesinas para finalmente cerrar con la Segunda Cumbre Nacional de pueblos originarios en la ciudad de Iquitos. Este encuentro se consolidó como un espacio de diálogo intercultural orientado a fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, en defensa de sus derechos y frente a las brechas históricas de desigualdad que los afectan.

Durante el último año, la Defensoría del Pueblo también ha logrado avances importantes en la protección de otros grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el pueblo afroperuano, personas en situación de movilidad humana, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas LGTBI y personas defensoras de derechos humanos.

En ese sentido, presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que pretende incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal de adultos. Esta acción reafirmó nuestro rol en la protección del interés superior del niño y en la defensa de un sistema de justicia juvenil especializado. Además, se impulsó el proceso de fortalecimiento del trabajo estatal dirigido a la población afroperuana, mediante el seguimiento al Plandepa y a las políticas antirracistas.

En materia de protección a personas defensoras de derechos humanos, realizamos una supervisión nacional a 2112 autoridades políticas, entre prefectos y subprefectos. Uno de los principales hallazgos fue la falta de designación de estas autoridades, evidenciándose que el 24,6 % de las plazas —equivalente a 520 cargos— se encontraban vacantes. Por otro lado, publicamos los dos primeros reportes sobre la situación de las personas defensoras, que evidenciaron riesgos asociados a actividades ilegales y debilidades en la respuesta estatal.

En el marco de la defensa de los derechos a la verdad y la justicia, la institución también interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, que otorgaba amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa. La demanda fue admitida por el Tribunal Constitucional y busca resguardar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la obligación estatal de investigar graves violaciones de derechos humanos.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo logró un avance significativo en la protección de los derechos de millones de ciudadanos a través de su intervención en el proceso judicial que ordenó la suspensión del cobro de peajes por parte de la empresa Rutas de Lima. Asimismo, se constituyó por primera vez la Comisión de Evaluación de Casos de Reserva de Información del Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, encargada de resolver solicitudes complejas de acceso a archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Finalmente, desde el Programa de Movilidad Humana atendimos casos emblemáticos que involucraban a niños y personas privadas de libertad en el extranjero, garantizando su derecho a la identidad, a la repatriación y a la asistencia consular. De igual manera, gracias al proyecto ejecutado con ACNUR, se reforzó la presencia defensorial en ocho regiones del país, logrando atender a 1540 personas y superando en 385 % la meta inicial.

Estas acciones se desarrollan tras una labor coordinada entre las adjuntías, oficinas y módulos defensoriales, que permiten dar respuesta directa, ofrecer acompañamiento en situaciones críticas y ejecutar labores de prevención en comunidades vulnerables. La institución también ha fortalecido la capacitación a funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanía, contribuyendo a una cultura de respeto a los derechos humanos a nivel nacional e internacional.