Solicitamos al Ejecutivo brindar ajustes razonables en el trabajo a familiares a cargo de personas con discapacidad

• Normativa nacional solo contempla ajustes razonables para trabajadores con discapacidad.
• 40,6 % de personas con discapacidad depende de un familiar o una persona de apoyo para realizar sus actividades cotidianas.

La Defensoría del Pueblo saluda la emisión del Decreto Supremo N° 001-2020-TR que aprueba los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, aplicables al sector público, no obstante reitera la exhortación al Estado peruano para que otorgue dicho beneficio a los familiares o apoyos que tienen a cargo a una persona con discapacidad, a fin de que conserven su lugar de trabajo.

Malena Pineda Ángeles, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó que esta medida se hace necesaria para que estas personas puedan seguir siendo el apoyo de sus familiares con discapacidad en su cuidado y asistencia (llevarlo a terapias, consultas médicas, gestiones administrativas y otros).

“El Estado peruano no les otorga ajustes razonables en su lugar de trabajo. Así se ven obligados a dejar su trabajo y quedarse en su casa sin ingresos, lo que contribuye profundizar la condición de pobreza y discapacidad en todas las regiones del país”, manifestó la representante de la Defensoría del Pueblo.

Los “ajustes razonables en el trabajo” son un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y por la Ley N° 29973, Ley General de la Personas con Discapacidad; dichas normas establecen que la persona con discapacidad debe contar con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables que se adecuen a sus necesidades, en igualdad de oportunidades y sin discriminación en el acceso y permanencia en el trabajo.

De acuerdo al Enedis 2012, el 46,7 % deja de realizar los quehaceres del hogar y el 27,1 % deja de trabajar para poder atender a la persona con discapacidad. Asimismo, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, 1 144 380 personas forman parte de la población económicamente activa (PEA).