Defensoría del Pueblo exige celeridad y transparencia en investigación por siniestro en el Centro de Lima que dejó 10 fallecidos

- Se exige determinar todas las responsabilidades y que se esclarezcan los hechos acontecidos relacionados a presuntos actos de extorsión.
- La Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha Contra las Drogas se apersonó al lugar de los hechos y se entrevistó con el Jefe de la DIVPOL Centro 2 y el Comisario de la Comisaría PNP San Cayetano.
La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Seguridad Ciudadana, Seguridad Nacional y la Lucha Contra las Drogas, se apersonó al lugar de los hechos ubicado en Jiron Pisagua, Urbanización Manzanilla 2 en el distrito del Centro de Lima. Durante el encuentro, representantes de la institución escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas del siniestro y reafirmaron su compromiso de velar porque las investigaciones se desarrollen con celeridad, objetividad, imparcialidad y total transparencia.
Como parte de las acciones de supervisión iniciadas tras tomar conocimiento del caso, la Defensoría del Pueblo requirió a la Comisaría PNP de San Cayetano información detallada sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio, asimismo, solicitó información respecto a las denuncias previas por actos de extorsión y cobro de cupos al negocio familiar afectado, cuyo rubro gira alrededor del alquiler de motocicletas eléctricas en Gamarra. Así también, se requirió información a la DIVPOL Centro 2 sobre las acciones preventivas relacionadas a actos de extorsión en la zona de Manzanilla en el distrito del Centro de Lima.
La institución exige al Ministerio Público que desarrolle una investigación célere, objetiva, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias que ocasionaron el siniestro, el cual cobró la vida de diez personas, entre ellas cinco menores de edad.
La Defensoría del Pueblo continuará desarrollando acciones de supervisión y seguimiento, monitoreando el avance de las investigaciones fiscales y administrativas. La institución permanecerá vigilante hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la no impunidad.
