Exigimos al Estado adoptar medidas urgentes para proteger salud de los pueblos indígenas de los lotes 192 y 8
La Defensoría del Pueblo recomienda al Estado garantizar la inmediata atención de la salud de los ciudadanos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en el departamento de Loreto, quienes se encuentran en una situación de riesgo por exposición a metales pesados, agravada por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental.
En un reciente informe, la institución advierte que, a más de tres años de suscritos acuerdos entre el Estado y organizaciones indígenas para atender los problemas de salud ocasionados por la explotación de hidrocarburos, no se ha podido garantizar su implementación en todos sus términos, lo que continúa vulnerando, entre otros derechos, el derecho a la salud de esta población.
El documento defensorial advierte que, hasta la fecha, no ha elaborado un plan de atención de salud específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira; a pesar que, según los resultados del estudio toxicológico y epidemiológico elaborado por CENSOPAS, alrededor del 30% de la población muestreada tiene presencia de arsénico y mercurio por encima de los niveles permitidos, así como de bario, plomo y cadmio en aproximadamente el 10% de la misma. Asimismo, se identificó que el 10% de la población del río Corrientes se encuentra expuesta a hidrocarburos.
De igual modo, la Defensoría del Pueblo evidencia demoras en la instalación de canales de participación ciudadana, que dificultan el trabajo de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados por las organizaciones indígenas y sus representantes sobre la implementación de los acuerdos. Esto limita sus derechos a la información y participación, así como su capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre los servicios que reciben, advertir posibles irregularidades y contribuir en la toma de medidas correctivas de forma oportuna.
Los hallazgos evidencian serias deficiencias y retrasos para cautelar el derecho a la salud de los ciudadanos que habitan en la zona, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió a la Contraloría General de la República supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto asignado a la implementación de los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas del ámbito de influencia de los lotes 192 y 8, con el fin de proteger sus derechos, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y, de corresponder, adoptar los correctivos pertinentes.