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Giselle Huamaní es la nueva Adjunta para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo

2:37 pm 17/01/2017

Giselle Huamaní es la nueva Adjunta para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo designó a la mediadora Giselle Huamaní como la nueva Adjunta para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, encargada de dirigir las estrategias de monitoreo, acompañamiento, intervención y gestión de los conflictos sociales de la institución, incluyendo la elaboración de los Reportes mensuales sobre la conflictividad en el Perú, que se elaboran desde el año 2004.

Huamaní, ha realizado sus estudios de doctorado en análisis y manejo de conflictos y el MA en ciencias políticas. Especialista en facilitación y manejo de conflictos con más de 15 años de experiencia. Ha facilitado el diseño de varios sistemas para la solución de disputas, conducido programas para la transformación de conflictos, y evaluado varios procesos de conflictos y de construcción de la paz tanto en el Perú, Latinoamérica, como en otros continentes.

Ha trabajado mediando y facilitando procesos de diálogo con diversos actores y sectores en distintos escenarios de conflictos con pandillas, policías, empresas, comunidades, trabajadores, grupos étnicos rivales, etc. Desde la academia, organizaciones internacionales y nacionales ha desarrollado capacidades para el análisis de los problemas y de los conflictos, habilidades para el diálogo, concertación y negociación.

Como se sabe la Adjuntía para la prevención de conflictos y la gobernabilidad tiene el objetivo de contribuir en la prevención, persuasión e intervención para evitar el uso de la violencia, la promoción del diálogo, y la investigación para la transformación de conflictos. Esto permite que los comisionados defensoriales puedan intervenir en la preparación, realización y o seguimiento de los procesos de gestión de conflictos. El Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo alertar a las autoridades –en sus tres niveles- sobre los conflictos existentes en todo el territorio nacional con la finalidad de impulsar acciones dirigidas a prevenir el escalamiento de los reclamos y conflictos en actos de violencia, y que las problemáticas de fondo puedan ser atendidas oportunamente por la instituciones públicas competentes y en el marco del respeto a los derechos humanos.