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Implementan canales de atención virtual para casos de violencia contra la mujer en Tumbes tras recomendación de la Defensoría del Pueblo

10:51 am 23/05/2020

Con la finalidad de cumplir el Decreto Legislativo 1470 y atendiendo la recomendación hecha por la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial de Tumbes habilitó correos institucionales exclusivos para recibir denuncias de las víctimas de violencia. De esta manera, tal cual lo solicitó la entidad, se podrá garantizar el funcionamiento de los juzgados especializados en justicia de género y familia, además de proteger los derechos a una vida libre de violencia, integridad y acceso a la justicia.

Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, señaló que habían advertido que la Corte Superior de Justicia estaba devolviendo las denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ello, solicitaron al presidente de esta instancia judicial establecer directrices para la comunicación virtual que permitan brindar medidas de protección y/o cautelares a las víctimas durante la pandemia.

“La recomendación ha sido acogida por el Poder Judicial y, de esta manera, se fortalece el uso de la tecnología para la recepción y dictado de medidas de protección, lo cual reduce las brechas de acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, señaló el funcionario. Asimismo, agregó que se ha solicitado también disponer líneas telefónicas móviles que permitan usar el aplicativo WhatsApp para la recepción de denuncias en la región Tumbes.

Cabe recordar que, en esta región, durante la emergencia, se han registrado más de 120 casos de violencia contra la mujer y un feminicidio. Ante ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes recuerda que los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se rigen bajo los principios de debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, entre otros.

Asimismo, advertimos que existe responsabilidad funcional en quien omite, rehúsa o retarda en atenderlos. La institución recuerda que la ciudadanía tiene el derecho fundamental a la buena administración, lo que demanda una calidad gerencial en el funcionamiento de los poderes públicos. Por estas razones, reafirmamos nuestro compromiso en seguir vigilantes para un cumplimiento adecuado de estos derechos.