Informe Defensorial n.° 003-2023-DP/AAC:
Balance a veinte años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ID 211
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Introducción
El informe tiene como finalidad advertir los avances que ha tenido el reconocimiento del derecho de acceso a la información, así como identificar los principales obstáculos y afectaciones a su ejercicio. Asimismo, se busca evaluar la necesidad de realizar algún cambio que adapte la norma a un contexto actual, adecuándola a los nuevos estándares internacionales y requerimientos específicos de personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
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Problemática
Al cumplirse 20 años de la entrada en vigencia de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y atendiendo a su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo, considera pertinente realizar un tercer balance acerca de la situación de la transparencia y el acceso a la información en nuestro país.
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Principales conclusiones
- En los 20 años de vigencia, la Ley de Transparencia ha sido modificada 20 veces, advirtiéndose las mayores modificaciones en el 2003, 2012 y 2017. Los cambios incluyeron la inclusión de dos títulos completos: el referido al régimen sancionatorio y el régimen de transparencia en el sistema de justicia.
- Desde el 2012, la Defensoría del Pueblo impulsó la creación de un organismo autónomo e independiente encargado de garantizar la defensa del principio de publicidad en la administración pública. Así, en el 2017 se emitió el Decreto Legislativo N° 1353, que creó la Antaip y el Tribunal de Transparencia, ambos adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- En la tramitación de quejas defensoriales se observó que en los últimos diez años (2012-2023), las entidades más quejadas por vulneraciones al derecho de acceso han sido los gobiernos locales con un 53.7%, ministerios (26.9%) y los gobiernos regionales (9.5%).
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Principales recomendaciones
Al Congreso de la República
- EVALUAR el establecimiento de la figura del abuso del derecho en materia de acceso a la información pública en la Ley 27806.
- ADECUAR la regulación de la etapa pre contenciosa del proceso de habeas data, establecida en el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Constitucional, con el marco normativo que cautela el derecho de acceso a la información pública y el de autodeterminación informativa.
A la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
ELABORAR un modelo de registro de solicitudes de acceso a la información que pueda ser replicado por las entidades obligadas, conforme a los dispuesto en el Reglamento de la Ley de Transparencia, que incluyan indicadores de género y de personas en condición de vulnerabilidad, a fin de conocer la situación real del derecho de acceso a la información en el Perú.
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Síntesis
Al cumplirse 20 años de la entrada en vigor de la Ley n.° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública y atendiendo a su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo, considera pertinente realizar un tercer balance acerca de la situación de la transparencia y el acceso a la información en nuestro país.
El informe tiene como finalidad advertir los avances que ha tenido el reconocimiento del derecho de acceso a la información, así como identificar los principales obstáculos y afectaciones a su ejercicio. Asimismo, se busca evaluar la necesidad de realizar algún cambio que adapte la norma a un contexto actual, adecuándola a los nuevos estándares internacionales y requerimientos específicos de personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
Tras el estudio realizado, se advirtió que, en los 20 años de vigencia, la Ley de Transparencia ha sido modificada 20 veces, advirtiéndose que el mayor número de modificaciones ocurrieron en los años 2003, 2012 y 2017. Los cambios incluyeron la inclusión de dos títulos completos: el referido al régimen sancionatorio y el régimen de transparencia en el sistema de justicia.
Asimismo, desde el 2012, la Defensoría del Pueblo impulsó la creación de un organismo autónomo e independiente encargado de garantizar la defensa del principio de publicidad en la administración pública. Así, en el 2017 se emitió el Decreto Legislativo n.° 1353, que creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Antaip y el Tribunal de Transparencia, ambos adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De otro lado, también se advirtió que, en la tramitación de quejas defensoriales se observó que en los últimos diez años (2012-2023), las entidades más quejadas por vulneraciones al derecho de acceso han sido los gobiernos locales con un 53.7%, ministerios (26.9%) y los gobiernos regionales (9.5%).
En virtud de los hallazgos, se recomendó al Congreso de la República, evaluar el establecimiento de la figura del abuso del derecho en materia de acceso a la información pública en la Ley n.° 27806.; y adecuar la regulación de la etapa pre contenciosa del proceso de habeas data, establecida en el artículo 60° del Nuevo Código Procesal Constitucional, con el marco normativo que cautela el derecho de acceso a la información pública y el de autodeterminación informativa.
De igual forma, a la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se recomendó elaborar un modelo de registro de solicitudes de acceso a la información que pueda ser replicado por las entidades obligadas, conforme a los dispuesto en el Reglamento de la Ley de Transparencia, que incluyan indicadores de género y de personas en condición de vulnerabilidad, a fin de conocer la situación real del derecho de acceso a la información en el Perú.
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