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Informe Defensorial n.° 219:

Protección constitucional para el tercero adquirente de buena fe en el proceso de extinción de dominio


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Fecha:
08/08/2024

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Elizabeth Zea Marquina


Editor:
Defensoría del Pueblo

  • Introducción

    El informe tiene como finalidad analizar el marco legal que regula la figura del tercero adquiriente de buena fe en los procesos de extinción de dominio, considerando las garantías constitucionales y la lesión al derecho de propiedad

  • Problemática

    La ley extintiva de dominio reconoce la protección legal sobre los derechos de terceros adquirentes de buena fe, sin embargo, su Reglamento estipula una serie de conceptos ambiguos, indeterminados e imprecisos, que desnaturalizan el deber de protección legal para los terceros de buena fe, de manera tal que acreditar la buena fe cualificada se convierte en irrealizable y en una labor discrecional de los operadores de justicia.

  • Principales conclusiones

    • El derecho de propiedad se encuentra reconocido a nivel internacional y nacional, pero admite límites a su ejercicio cuando se trate de medidas previstas por ley, necesarias, proporcionales y que busquen fines legítimos para la sociedad democrática. Entre ellos la expropiación, la usucapión, el decomiso, la incautación, la extinción de dominio, entre otros.
    • La ley que regula la acción extintiva de domino nació como una respuesta para combatir la criminalidad organizada y erradicar las prácticas de corrupción que son nocivas para nuestra democracia y el Estado Constitución de Derecho. Actualmente, esta materia está regulada por el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento, previsto en el Decreto Supremo 007-2019-JUS.
    • La acción extintiva de dominio permite al Estado recuperar en cualquier momento aquellos bienes que provienen de fuente ilícita, restringiendo válidamente la aparente titularidad de quienes pretenden ejercer su derecho de propiedad, salvo de terceros de buena fe.

     

  • Principales recomendaciones

    Evaluar la interposición de una demanda de inconstitucionalidad contra los extremos advertidos en el presente informe, al amparo de los artículos 200.4 y 203.4 de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el artículo 97 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

  • Síntesis

    El Decreto Legislativo n.° 1353, Ley de Extinción de Dominio, reconoce la protección legal sobre los derechos de terceros adquirentes de buena fe; sin embargo, su reglamento estipula una serie de conceptos ambiguos, indeterminados e imprecisos, que desnaturalizan el deber de protección legal para los terceros de buena fe, de manera tal que acreditar la buena fe cualificada se convierte en irrealizable y en una labor discrecional de los operadores de justicia.

    Dada la situación descrita se realizó un informe con la finalidad de analizar el marco legal que regula la figura del tercero adquiriente de buena fe en los procesos de extinción de dominio, considerando las garantías constitucionales y la lesión al derecho de propiedad.

    El estudio tomó como sustento que el derecho de propiedad se encuentra reconocido a nivel internacional y nacional, pero admite límites a su ejercicio cuando se trate de medidas previstas por ley, necesarias, proporcionales y que busquen fines legítimos para la sociedad democrática. Entre ellos la expropiación, la usucapión, el decomiso, la incautación, la extinción de dominio, entre otros.

    Al respecto, se concluyó que la ley que regula la acción extintiva de domino nació como una respuesta para combatir la criminalidad organizada y erradicar las prácticas de corrupción que son nocivas para nuestra democracia y el Estado Constitución de Derecho. Actualmente, esta materia está regulada por el Decreto Legislativo n.° 1373 y su reglamento, previsto en el Decreto Supremo n.° 07-2019-JUS.

    La acción extintiva de dominio permite al Estado recuperar en cualquier momento aquellos bienes que provienen de fuente ilícita, restringiendo válidamente la aparente titularidad de quienes pretenden ejercer su derecho de propiedad, salvo de terceros de buena fe. En ese sentido, el Decreto Legislativo n.° 1353 reconoce la protección legal sobre los derechos de terceros adquirientes de buena fe; sin embargo, su reglamento establece los requisitos que deben concurrir para ostentar dicha condición jurídica, los cuales contempla conceptos ambiguos, indeterminados e imprecisos, que desnaturalizan el deber de protección legal para los terceros de buena fe.

    En atención a los hallazgos, se concluyó en la necesidad de evaluar la interposición de una demanda de inconstitucionalidad contra los extremos advertidos en el presente informe, al amparo de los artículos 200.4 y 203.4 de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el artículo 97° del Nuevo Código Procesal Constitucional. En efecto, la demanda fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo, siendo declarada fundada en parte por el Tribunal Constitucional.





Palabras clave:
Derecho de propiedad
Extinción de dominio
Justicia eficiente
Seguridad jurídica
Terceros de buena fe
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