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Informe Defensorial n.° 220:

La detención preliminar judicial ¿Detener para investigar o investigar para detener?


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Fecha:
15/08/2024

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Paulo César Palomino Acuña
Carlos Enrique Terrones Ramos y Gianpool Javier Vásquez Luque


Editor:
Flor del Carmen Sobero Niño, Raúl Enrique Miranda Sousa Infante y Rina Karen Rodríguez Luján

  • Introducción

    El informe evidencia la situación de las personas privadas de libertad, por mandatos de detención preliminar judicial, custodiadas en el centro de detención transitorio de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía (DIRCOTE).

  • Problemática

    Pese a los plazos regulados en el Nuevo Código Procesal Penal, las personas privadas de libertad por detención preliminar judicial pueden permanecer detenidas por más tiempo.

  • Principales conclusiones

    Las personas pueden permanecer más de dos meses privadas de libertad por detenciones preliminares judiciales a pesar que el plazo máximo es de 15 días, sin que el Poder Judicial o el Ministerio Público cumplan con las reglas vinculantes desarrolladas por el Tribunal Constitucional.

  • Principales recomendaciones

    Al Poder Legislativo: Legislar en materia procesal penal, a fin de establecer los estándares relacionados al plazo máximo de las detenciones preliminares judiciales, con la finalidad de evitar excesos en el tiempo de privación de libertad sin una orden judicial que motive su detención.

  • Síntesis

    La detención preliminar judicial es una medida de coerción personal que tiene un límite temporal máximo previsto en el Nuevo Código Procesal Penal, el cual es 48 horas, como regla general, hasta un plazo no mayor de quince días en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.

    Sin embargo, la Defensoría del Pueblo verificó la situación de las personas privadas de libertad por mandato de detención preliminar en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo – Dircote, identificando que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público vulneran sistemáticamente el derecho a la libertad personal, al no respetar el plazo máximo de detención, manteniendo a las personas privadas de libertad por un tiempo mucho mayor al autorizado judicialmente.

    Al respecto, se identificaron casos de personas que han permanecido hasta más de dos meses privadas de libertad por detenciones preliminares judiciales cuyo plazo máximo debió ser 15 días, lo cual constituye un hecho grave de afectación de derechos, toda vez que ninguna persona debe permanecer detenida una vez vencido el plazo máximo de detención.

    Otro hallazgo relevante es que las condiciones de detención en el centro de detención policial de la Dircote, donde se alberga también a personas detenidas por investigaciones de la División de Investigaciones de Alta Complejidad – Diviac, no son idóneas por las pequeñas dimensiones de sus celdas, tener escasa iluminación natural y por no contar con iluminación artificial en ningún momento del día, sumado al hacinamiento y afectación de derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación, recibir visitas y conferenciar de manera privada con abogados/as defensores/ as, entre otros.

    Estos hallazgos han permitido concluir que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por detención preliminar judicial, en sede policial, son más desfavorables, incluso, que las del sistema intramuros que se aplica a las personas que se encuentran condenadas o con prisión preventiva en los establecimientos penitenciarios.

    Entre las principales recomendaciones de este documento tenemos la dirigida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de que supervise la observancia obligatoria por parte de los jueces y juezas sobre el respeto irrestricto de derechos fundamentales de las personas que se encuentren privadas de libertad debido a un mandato de detención preliminar judicial en un centro de detención policial, y de ser necesario dar las recomendaciones al Estado Peruano.

    Otra recomendación, dirigida al Poder Legislativo, es legislar en materia procesal penal, a fin de establecer los estándares relacionados al plazo máximo de las detenciones preliminares judiciales, con la finalidad de evitar excesos en el tiempo de privación de libertad sin una orden judicial que motive su detención, además de establecer responsabilidades para los jueces y juezas que se aparten de los presupuestos y no respeten los plazos establecidos en la norma de la materia.





Palabras clave:
personas privadas de libertad
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