MENUMENU

Informe Defensorial n.° 230:

Supervisión Nacional de Defensorías Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes (Demuna)


Archivos:
Fecha:
14/05/2025

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Rosa Chacón Malpartida


Editor:
Rina Karen Rodríguez Luján

  • Introducción

    Las niñas, niños y adolescentes cuentan con una protección especial establecida en instrumentos internacionales y normas nacionales, que determinan la obligación del Estado peruano de garantizar una protección reforzada de sus derechos.

    Cifras oficiales reportan castigo físico y humillante, violencia sexual cometida por algún integrante de su entorno familiar, trabajo infantil, entre otros, que limitan o impiden el ejercicio de sus derechos. Por ende, requieren que se les brinde atención diferenciada y protección integral, considerando su interés superior y el enfoque de interseccionalidad, al estar en una situación de vulnerabilidad debido a varios factores.

  • Problemática

    En la atención de problemas que afrontan niñas, niños y adolescentes, es importante que el Estado garantice la disponibilidad de servicios locales, como las Demunas, que desempeñan varios roles y funciones ante riesgo de desprotección, violencia y otras situaciones que vulneran derechos.

    Pese al importante rol de las Demunas, la Defensoría del Pueblo identificó que, hasta agosto 2024, del total de 1891 municipalidades existentes en el país, solo 1436 tenían Demunas en funcionamiento y estas carecían de condiciones mínimas para su labor (recursos humanos, presupuestarios, asistencia técnica, acreditación para la atención de riesgo de desprotección familiar y otros).

  • Principales conclusiones

    Sobre la base de 1,436 Demunas en funcionamiento:

    • Solo 875 (68,04%) Demunas estaban en la estructura orgánica y tenían plan de trabajo. Además, 1260 (87,74%) no implementaron el programa de incentivos para obtener recursos a fin de fortalecer su rol de protección integral a la niñez y adolescencia en su comunidad.
    • La mayoría de Demunas tenía defensor/a responsable designado/a. Sin embargo, 81 (5,6%) Demunas no lo tenían.
    • 430 (32,1%) defensores/as responsables de Demunas tenían condición de locadores de servicios; 4 (0,3%) de practicantes profesionales y 6 (0,4%) de voluntarios.
    • 605 Demunas contaba, mínimamente, con un profesional en derecho y otro en psicología en el equipo interdisciplinario.
    • Solo 630 (43,9%) Demunas estaban acreditadas para atender riesgo de desprotección.
    • Solo 840 (58,50%), de las 1,436 Demunas atendían casos de riesgo de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes; y únicamente 532 (37,05%) aplicaban la tabla de valoración de riesgo.
    • 809 (56,34%) no habían recibido asistencia técnica de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías, del MIMP.
    • 855 (59,54%), de las 1436 Demunas no cumplió con participar en Centros de Operación de Emergencia de su respectiva jurisdicción.

     

  • Principales recomendaciones

    Congreso de la República

    -Elaborar y aprobar la Ley de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, como primera línea de contención social en el ámbito nacional, a través de los gobiernos locales.

    -Incorporar a la Ley N° 29332, que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR), el componente de fortalecimiento de las Demuna.

    Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

    -Evaluar la normativa vigente con el fin de establecer criterios claros acerca de la implementación, funcionamiento efectivo y acreditación de las Demunas, para que se armonice lo regulado en el Código de los Niños y Adolescentes, en el Reglamento del Servicio de Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, así como en el D. Legislativo n.° 1297 y su reglamento.

    -Fortalecer las acciones de promoción y asistencia técnica de Demunas con la finalidad de que las autoridades municipales las implementen y sostengan conforme a formalidades y requisitos dispuestos en las normas correspondientes.

    Gobiernos locales

    -Incluir a las Demunas en su estructura orgánica para asegurar la asignación presupuestal a dicha unidad en cada ejercicio presupuestal, de tal forma que cumpla con sus funciones y plantee metas a mediano y largo plazo.

    -Adoptar las medidas correspondientes para asegurar la designación de un/a defensor/a responsable en la Demuna y garantizar su estabilidad laboral, así como de su personal técnico y de apoyo.

    -Disponer la contratación de psicólogos, trabajadores sociales u otros profesionales para el equipo básico de la Demuna, con el objetivo de garantizar un enfoque interdisciplinario.

    -Disponer la elaboración e implementación de un plan orientado a la prevención y atención de niños, niñas y adolescentes en situaciones de desastres o emergencias naturales, acorde con parámetros del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2022 – 2030.

     

  • Síntesis

    Las niñas, niños y adolescentes cuentan con una protección especial establecida en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y normas nacionales, que determinan la obligación del Estado peruano de garantizar una protección reforzada de sus derechos.

    Cifras oficiales de sectores como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación, y entidades internacionales como el Unicef, reportan castigo físico y humillante, violencia sexual cometida por algún integrante de su entorno familiar, trabajo infantil y otros problemas que limitan o impiden el ejercicio de derechos del aludido grupo poblacional.

    Ante ellos, requieren que se les rinde atención diferenciada y protección integral, considerando su interés superior y el enfoque de interseccionalidad, por estar en una situación de vulnerabilidad. Ante ese contexto, la Defensoría del Pueblo consideró importante que el Estado garantice la disponibilidad de servicios locales, como las Demunas, que desempeñan varios roles y funciones ante riesgo de desprotección, violencia y otras situaciones que vulneran derechos. Según las normas que regulan sus funciones, les corresponde brindar un servicio gratuito y especializado mediante su funcionamiento en gobiernos locales; además, ejecutan acciones de prevención, atención y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Tomando en cuenta esa importante labor, la Defensoría del Pueblo, mediante la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, planificó la supervisión a la totalidad de municipalidades existentes en el país (1891), para constatar si contaban con Demunas y se les brindaba condiciones mínimas para su funcionamiento. En adición, elaboró la ficha de supervisión con aportes de otros órganos de línea cuyos temas se relacionan con varias obligaciones de las autoridades municipales.

    El objetivo de la supervisión fue verificar el adecuado funcionamiento y la prestación efectiva del servicio de las Demuna de las municipalidades provinciales y distritales en el territorio nacional, con base en las condiciones reguladas en el Reglamento del Servicio de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, encuanto a recursos presupuestales, humanos, materiales y logísticos.

    El despliegue defensorial se efectuó en agosto del año 2024, con el apoyo de comisionados de oficinas y módulos defensoriales, quienes visitaron los locales municipales para la entrevista a los defensores responsables de las Demunas. La lejanía geográfica de 667 municipalidades en zonas rurales, así como su limitada conectividad fueron algunas de las dificultades que enfrentó y superó dicho personal.

    Los resultados de la supervisión fueron analizados con base en 1,436 Demunas en funcionamiento, pese a que existen 1891 municipalidades y, por consiguiente, debería haber, como mínimo, igual número de dichas defensorías. Entre los principales están que solo 875 (68,04%) Demunas eran parte de la estructura orgánica y tenían plan de trabajo; sobre el presupuesto, 1260 (87,74%) no implementaron el programa de incentivos para obtener recursos.

    En adición, la mayoría de Demunas tenía defensor responsable designado, sin embargo, 81 (5,6%) Demunas no contaban con dicho funcionario; asimismo, 430 (32,1%) defensores/as responsables de estas defensorías tenían condición de locadores de servicios; 4 (0,3%) de practicantes profesionales y 6 (0,4%) de voluntarios.

    En lo referido al equipo interdisciplinario requerido para atender casos de riesgo de desprotección de niñas, niños y adolescentes, solo 605 Demunas contaban, mínimamente, con un profesional en derecho y otro en psicología. Del mismo modo, solo 630 (43,9%) Demunas estaban acreditadas para atender ese tipo de casos.

    Otros hallazgos fueron que solo 840 (58,50%), de las 1,436 Demunas atendían casos de riesgo de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes; y únicamente 532 (37,05%) aplicaban la tabla de valoración de riesgo. Aparte, 809 (56,34%) no habían recibido asistencia técnica de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías del ente rector en materia de niñez y adolescencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; además, 855 (59,54%) no cumplió con su obligación de participar en Centros de Operación de Emergencia de su respectiva jurisdicción.

    Entre las recomendaciones destacan la dirigida al Congreso de la República, para elaborar y aprobar la Ley de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, como primera línea de contención social en el ámbito nacional, a través de los gobiernos locales; e incorporar a la Ley n.° 29332, que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR), el componente de fortalecimiento de las Demunas.

    Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se le recomendó evaluar la normativa con el fin de establecer criterios claros acerca de la implementación, funcionamiento efectivo y acreditación de las Demunas, para que se armonice lo regulado en el Código de los Niños y Adolescentes, en el Reglamento del Servicio de Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, así como en el D. Legislativo n.° 1297 y su reglamento. Asimismo, fortalecer las acciones de promoción y asistencia técnica de Demunas con la finalidad que las autoridades municipales las implementen y sostengan conforme a formalidades y requisitos dispuestos en las normas correspondientes.

    En cuanto a los gobiernos locales, se les recomendó, entre otros, incluir a las Demunas en su estructura orgánica para asegurar la asignación presupuestal a dicha unidad en cada ejercicio presupuestal. También, adoptar medidas para asegurar la designación de un defensor responsable en la Demuna y garantizar su estabilidad laboral, así como de su personal técnico y de apoyo; y disponer la contratación de psicólogos, trabajadores sociales u otros profesionales para el equipo básico de dicha defensoría con el objetivo de garantizar un enfoque interdisciplinario.



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