La Defensoría supervisó APRC de 25 gobiernos regionales en mayo 2025 para promover gobernanza, reducir desigualdades (ODS 10) y ciudades inclusivas (ODS 11).

Verificar cumplimiento de APRC regionales para impulsar desarrollo, participación ciudadana, confianza Estado-sociedad, prevenir corrupción y garantizar acciones con enfoque de derechos.

Las APRC son cruciales para el desarrollo territorial, pero aún tienen falencias en convocatoria, participación inclusiva y cumplimiento del Instrumento Técnico Orientador. Se necesita fortalecer la capacitación y monitoreo de la PCM, y una APRC adicional en cierre de gestión

Congreso: Aprobar ley de APRC de cierre. PCM: Diagnosticar PDCR, modificar Instrumento Técnico Orientador para monitoreo y reforzar capacitación. GR: Cumplir APRC bianuales y en Dic. 2026, cierre de gestión.

Los principios de transparencia y rendición de cuentas son esenciales en la gestión pública, ya que fortalecen la legitimidad de las autoridades, fomentan la participación ciudadana y previene actos de corrupción, alertando señales tempranas de uso indebido de recursos o proyectos inconclusos. De esta manera, el derecho de participación ciudadana tiene alcance a las decisiones públicas adoptadas por sus autoridades, a fin éstas respondan a las reales problemáticas y necesidades de la población.

Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (APRC) son el espacio fundamental para que los GORES rindan cuentas sobre su gestión y ejecuten los principios de transparencia y participación ciudadana. Se supervisó la primera APRC de 2025 (programada para mayo) en los 25 Gobiernos Regionales.

Su objetivo fue verificar el nivel de cumplimiento de las audiencias públicas de rendición de cuentas a cargo de los gobiernos regionales, promoviendo el desarrollo socioeconómico del país, a través del involucramiento activo de la ciudadanía en las decisiones públicas de sus autoridades subnacionales.

De esta manera, a través de este mecanismo de control social se contribuye a fortalecer la confianza Estado–ciudadanía y prevenir la corrupción, garantizando acciones públicas que respondan a las reales necesidades y problemáticas urgentes en la región, para el alcance de un desarrollo territorial transparente, democrático e inclusivo, con un enfoque de derechos que garantice la vigencia efectiva de los mismos.

El informe demuestra que la mayoría de los GORES no están adoptando los estándares de transparencia y que persisten las prácticas que limitan el control social:

Solo el 36% de los GORE cumplió con el plazo legal de convocar a la audiencia con 30 días de anticipación, lo cual restringe la capacidad del ciudadano de prepararse y participar de forma informada. El 56% de los GORE brindó un plazo adecuado para la recepción de preguntas de la ciudadanía. En 12 GORE, los formularios de inscripción no contaron con opciones para identificar a personas con discapacidad o que hablaban una lengua originaria.

Además, solo 6 GORE confirmaron la participación de un intérprete de lenguaje de señas, haciendo el evento inaccesible para la población con discapacidad auditiva. Persiste una deficiencia en el contenido de la rendición de cuentas. Solo el 36% de los GORES informó sobre sus políticas públicas regionales y un porcentaje similar incluyó el estado situacional de indicadores críticos (pobreza, desnutrición, violencia).

La APRC se sigue viendo como un mero trámite y no como un espacio estratégico. La convocatoria tardía y la falta de claridad en los plazos demuestran una falla grave en la planificación. Persiste una grave deficiencia en la atención de los derechos de los grupos de especial protección (personas con discapacidad, población indígena), al no garantizarse las condiciones mínimas de accesibilidad y participación. Además, hay un retroceso generalizado en la calidad de las APRC en comparación con periodos anteriores, indicando que el deber de rendir cuentas no se ha consolidado en la cultura institucional.

Entre las principales recomendaciones, cumplir de forma estricta el plazo de 30 días de anticipación para convocar la APRC y habilitar los mecanismos necesarios (presenciales y virtuales) para la recepción de preguntas de la ciudadanía.

Asegurar la accesibilidad en la infraestructura y la disponibilidad obligatoria de intérpretes de lenguaje de señas para garantizar la participación de las personas con discapacidad. La Presidencia del Consejo de Ministros debe fortalecer la asistencia técnica y la supervisión a los GORES para asegurar que el contenido de la APRC se base en el Plan de Desarrollo Concertado y aborde los indicadores críticos de la región.

Como consecuencia de nuestras recomendaciones, las APRC hace menos de un año han tenido un gran avance en favor de la gobernabilidad y gobernanza que involucra a la sociedad civil, a través de la aprobación del “Instrumento Técnico Orientador para el desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas de gobiernos regionales y gobiernos locales” (Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 015-2024-PCM/SD, de fecha 04 de julio del 2024). Dicho documento refuerza la necesidad de alinear la rendición de cuentas de nuestras máximas autoridades regionales y locales, con los objetivos de desarrollo territorial a mediano y largo plazo plasmados en el Plan de Desarrollo Concertado, para el alcance del desarrollo humano que garantice una vida digna para todos.

Al supervisar a los 25 GORES, el informe crea un estándar de cumplimiento que permite a la ciudadanía, la prensa y la Contraloría saber quién está cumpliendo y quién está fallando, ejerciendo una presión social directa sobre las autoridades.