La tuberculosis (TBC) continúa siendo un problema de salud pública en el Perú, con un impacto significativo en las  poblaciones más vulnerables. Si bien el Estado peruano ha desplegado esfuerzos
sostenidos para reducir su incidencia y asegurar el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento, persisten condiciones sociales, económicas y estructurales que dificultan la recuperación efectiva de los pacientes. Entre estos factores, la desnutrición se presenta como una barrera crítica al incidir directamente en la progresión de la enfermedad y en la adherencia al tratamiento.

• A nivel nacional, 97,81% (228) de municipalidades presenta alto nivel de implementación del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis; 96,51% (221) cuenta con registros de beneficiarios y 98,25% (225) recibe información regular de los establecimientos de salud. Aun así, aunque 97,81% (223) mantiene convenios vigentes con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en su mayoría con vigencia hasta 2027), persisten brechas por desconocimiento o ausencia de convenios en Mariscal Ramón Castilla (Loreto), Yarowilca (Huánuco) y Pacasmayo (La Libertad), asociadas a baja participación de la sociedad civil en los Comités de Gestión (14,93%) y a casos sin registros formales. Implicación: riesgo de inequidad territorial y debilitamiento del control social.

• Los mayores montos se concentran en San Juan de Lurigancho y Ate, y en las provincias de Callao, Maynas y Coronel Portillo, con asignaciones entre 3 y 9 millones de soles. Sin embargo, la capacidad de ejecución es baja: en el primer trimestre de 2025, 126 municipalidades registraron un avance menor al 5%; de estas, 30 pertenecen a Lima Metropolitana. Implicación: existen cuellos de botella en la gestión del gasto que amenazan la adquisición y la distribución oportuna de las canastas.

• El 98,69% (226) cuenta con listas de alimentos adaptadas al enfoque territorial y la Resolución Ministerial N° 653-2014-MINSA. No obstante, el 10% destinado a gastos operativos resulta insuficiente para el 47,16% (108) de municipalidades (cubren principalmente movilidad, equipamiento de almacén y compras complementarias), en un contexto de frecuencias de compra heterogéneas, trabas en adjudicaciones y escasez de proveedores. Implicación: se eleva el riesgo de desabastecimiento y retrasos en la entrega.

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Implementar en articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas y las municipalidades asistencia técnica focalizada en jurisdicciones con baja ejecución presupuestal, priorizando Lima Metropolitana y otras con altos montos asignados pero bajo avance; establecer  además mecanismos de seguimiento y alertas tempranas para identificar a tiempo las dificultades en la ejecución del gasto y mejorar la eficiencia en la adquisición y entrega de canastas.

• Establecer la obligatoriedad de un protocolo unificado que disponga el rotulado con fecha de vencimiento y el sello “Prohibida su venta” en todos los productos; y, en materia de seguridad, promover que todas las municipalidades cuenten con planes de contingencia para la protección y traslado seguro de alimentos ante emergencias (desastres naturales u otros eventos que amenacen los almacenes).

• Establecer la obligatoriedad de un protocolo unificado que disponga el rotulado con fecha de vencimiento y el sello “Prohibida su venta” en todos los productos; y, en materia de seguridad, promover que todas las municipalidades cuenten con planes de contingencia para la protección y traslado seguro de alimentos ante emergencias (desastres naturales u otros eventos que amenacen los almacenes).