El cambio climático está generando un mayor desplazamiento y desafíos en la protección de derechos humanos de poblaciones vulnerables.

La falta de marcos claros y coordinación estatal expone a personas desplazadas climáticas a graves riesgos de derechos humanos.

Los Estados deben reconocer la movilidad climática como un fenómeno de DD. HH. y garantizar respuestas coordinadas.

Incluir movilidad humana en la acción climática y asegurar protección complementaria con acceso a derechos básicos.

El cambio climático constituye una de las principales amenazas para los derechos humanos a nivel global, al intensificar fenómenos extremos como sequías, inundaciones, retroceso glaciar y aumento del nivel del mar. Estos impactos han generado un incremento sostenido de desplazamientos de personas, pues solo en 2024 se registraron 45,8 millones de personas desplazadas en 163 países, la cifra más alta desde que se lleva registro. En el Perú, miles de personas ya han sido afectadas por emergencias climáticas en los últimos años, lo que revela la urgencia de contar con políticas preventivas, inclusivas y efectivas. Asimismo, la situación de las personas desplazadas transfronterizas por causas climáticas continúa marcada por la ausencia de un marco jurídico internacional que garantice su protección, lo que las expone a respuestas fragmentadas y limitadas.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional presenta el presente informe, el cual fue elaborado en el marco del Grupo de Trabajo constituido mediante Resolución Administrativa Nº 099-2025/DP, encargado de abordar la problemática nacional e internacional vinculada al cambio climático, desasatres y la movilidad humana, en particular respecto al desplazamiento interno y forzoso. Este documento será presentado en el XXIX Congreso y XXX Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) 2025, como aporte al debate internacional sobre la protección de las personas frente a los impactos climáticos.

En el plano internacional, el informe examina los avances en gobernanza climática y movilidad humana en foros multilaterales. Se destacan mecanismos como el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y  Daños, su Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento y la Red de Santiago; sin embargo, se constata que su efectividad continúa limitada por la falta de financiamiento y voluntad política. Ante ello, se plantea la necesidad de un instrumento internacional que integre prevención, mitigación y atención de la movilidad humana por causas climáticas.

A nivel regional se advierte que América Latina y el Caribe son zonas altamente vulnerables y que, en el caso del Perú, pese a contar con la Ley Marco sobre Cambio Climático, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y planes estratégicos, persisten serias brechas de implementación. El informe evidencia la ausencia del Plan de Acción para la Prevención y Atención de la Migración Forzosa por Efectos del Cambio Climático, la falta de un Observatorio Nacional sobre Migración y la débil articulación interinstitucional frente a los desplazamientos inducidos por el clima.

En atención a lo antes señalado, en el presente informe se recomienda en el ámbito internacional promover en los espacios multilaterales como las Conferencias de las Partes, la adopción de un instrumento internacional específico que aborde de manera integral el desplazamiento humano inducido por el cambio climático y los desastres; promover la formulación de estrategias nacionales de financiamiento para la gestión del riesgo de desastres, articuladas en el marco de financiación vigente para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); así como avanzar en la creación de un observatorio global sobre desplazamiento climático. A nivel nacional, se exhorta a las entidades competentes a aprobar con urgencia el Plan de Acción para la Prevención y Atención de la Migración Forzosa, fortalecer la coordinación interinstitucional y la transparencia en la implementación de las NDC, e impulsar registros y observatorio  especializados que permitan dimensionar adecuadamente la magnitud del fenómeno. Asimismo, se insta implementar protocolos y registros específicos de personas desplazadas internas y transfronterizas, con especial atención a mujeres, niños y poblaciones indígenas.

Finalmente, se recomienda al Estado peruano revisar y actualizar su marco normativo de refugio y protección internacional para incluir expresamente el desplazamiento forzado por causas climáticas, en línea con la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de Chile 2024– 034.