En el Perú, la crisis penitenciaria ha dejado de ser únicamente un problema de infraestructura para convertirse en un factor de riesgo directo para la seguridad ciudadana: el hacinamiento, la precariedad de los servicios básicos y la insuficiencia de capacidades operativas del INPE han debilitado el control efectivo del Estado y han permitido que estructuras criminales consoliden economías ilegales al interior de los establecimientos de reclusión. En ese marco, la Defensoría del Pueblo advierte que el sistema atraviesa una crisis estructural, en la que la sobrepoblación crítica, el debilitamiento del control institucional y la deficiente infraestructura configuran un escenario especialmente vulnerable frente a la criminalidad organizada.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo ha realizado un análisis técnico-legal respecto a la necesidad de declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional, como medida excepcional orientada a recuperar el principio de autoridad y restituir el control nstitucional. El estudio evidencia que, en diversos penales del país, organizaciones delictivas ejercen un control con autoridad paralela sobre los espacios internos, erosionando la autoridad estatal y convirtiendo los establecimientos penitenciarios en centros de articulación delictiva.

– La falta de infraestructura necesaria en los establecimientos penitenciarios de nuestro país ha generado una situación de hacinamiento que el Estado no ha podido solucionar por el excesivo costo que conlleva la construcción de nuevos penales. Este fracaso se vio reflejado en los últimos años, con el incumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el año 2020, teniendo que ampliarse hasta el año 2030 el plazo otorgado al Instituto Nacional Penitenciario para reducir el hacinamiento de los centros penitenciarios.

– El hacinamiento constituye un problema estructural y un factor multiplicador de crisis que mantiene al sistema en un estado de cosas inconstitucional. Esta saturación vulnera derechos fundamentales, atenta contra la salud física y mental de los privados de libertad, coloca en una situación de riesgo la seguridad penitenciaria y el orden interno que viene afectando severamente la seguridad de nuestra población, y anula la eficacia del tratamiento penitenciario, convirtiendo el fin resocializador de la pena en una meta inalcanzable bajo las condiciones actuales.

A la Presidencia de la República y al Consejo de Ministros:

DECLARAR en emergencia los establecimientos penitenciarios a nivel nacional para gestionar con urgencia la implementación de complejos penitenciarios, con gran capacidad de albergue, con enfoque de cárceles de producción, que contribuyan al cierre de brechas de la infraestructura y una mejor clasificación de los internos, a fin de revertir el actual “Estado de Cosas Inconstitucional” y garantizar que el sistema penitenciario cumpla con su fin supremo de reeducación, resocialización y reinserción; salvaguardando los derechos fundamentales de la población y de los privados de libertad, reduciendo los índices de reincidencia delictiva en el país.

Al Tribunal Constitucional:

EXHORTAR el cumplimiento de la sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional a los establecimientos penitenciarios, recaída en los Expediente 05436-2014- PHC/TC13 y sentencia del 27 de junio de 2019 Exp.N°04007-2015-PHC/TC.