Los derrames o fugas de hidrocarburos generan graves impactos ambientales, sociales y económicos, afectando derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la alimentación. A pesar de la magnitud de estos daños, el marco normativo vigente en el Perú no garantiza un trato justo ni una reparación integral para las personas afectadas. A partir del caso emblemático del derrame de petróleo en Ventanilla en 2022, la Defensoría del Pueblo evidencia las limitaciones del sistema actual de compensaciones. En este contexto, el informe propone la necesidad de establecer estándares más equitativos, transparentes y técnicos que aseguren una adecuada identificación de afectados y una compensación justa.

La normativa vigente sobre compensaciones por derrames de hidrocarburos presenta serias deficiencias. Permite que la empresa responsable identifique a los afectados, realice el inventario de daños y determine la valorización de los mismos, generando una evidente asimetría de poder e información. Esto ocasiona exclusiones arbitrarias, compensaciones inequitativas y falta de transparencia en los procesos. Asimismo, no existen metodologías claras ni criterios técnicos obligatorios para valorar los daños, lo que debilita la protección de derechos.

La limitada participación del Estado y la falta de acceso a información agravan la situación, dejando a las personas afectadas en condiciones de vulnerabilidad y dificultando el acceso a una reparación efectiva y oportuna.

El informe concluye que el actual marco normativo es insuficiente para garantizar una reparación integral y un trato justo a las personas afectadas por derrames de hidrocarburos. La ausencia de criterios técnicos, la falta de transparencia y la escasa intervención estatal generan procesos de compensación desiguales. Asimismo, se identifican vacíos importantes, como la inexistencia de etapas claras de inventario y valorización de daños en la normativa propuesta. Se destaca la necesidad de una participación activa del Estado en todas las fases del proceso, así como la inclusión de las personas afectadas. Sin estos elementos, se perpetúan las asimetrías y se limita el acceso efectivo a derechos fundamentales.

Se recomienda modificar el marco normativo para garantizar un proceso de compensación justo, transparente y basado en criterios técnicos. Es fundamental que el Estado asuma un rol activo en la identificación de afectados, el inventario y la valorización de daños, evitando la unilateralidad de las empresas. Asimismo, se propone la elaboración de un protocolo obligatorio que establezca metodologías claras y reglas de negociación equitativas. Se debe incorporar el concepto de “trato justo” y asegurar la participación de las personas afectadas en todas las etapas del proceso. Finalmente, se recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el acceso a información para reducir las asimetrías existentes.