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Informe Defensorial n.º 0002-2023-DP/ADM:

Supervisión Defensorial a los servicios de planificación familar en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ica, Loreto, Pasco y Puno. ID 192


Archivos:
Fecha:
15/05/2023

Autores:
Maria Gonzalés Fernández
Yury Marcelo Pérez
Isabel Ortíz Urbizagastegui
Miriam Rojo Silva
Walter Mendoza


Editor:
Fabrizio Tealdo Zazzali

  • Introducción

    Los servicios de planificación familiar son esenciales para garantizar una sexualidad plena y permitir que las mujeres tomen decisiones libres e informadas sobre su reproducción en concordancia con su autonomía, dignidad y plan de vida, libres de toda clase de discriminación o violencia; por lo que el rol que cumple el Estado es primordial en este extremo.

    En ese sentido, el Estado peruano tiene obligaciones específicas en torno al respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que se desprenden tanto del marco normativo interno (constitucional y legal) como internacional, de obligatorio cumplimiento para nuestro país. Por ello, los servicios deben ser proveídos bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad, y tomar en cuenta los enfoques necesarios para ser adaptados a las necesidades y expectativas de grupos de especial protección.

  • Problemática

    En el contexto de Covid-19 se evidenció y agudizo la problemática vinculada a la provisión adecuada de los servicios de salud, incluidos los servicios de planificación familiar. Las principales víctimas fueron las personas en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, que vieron afectado sus derechos sexuales y reproductivos.

  • Principales conclusiones

    • Solo el 15% de los centros de salud podían brindar servicio de lenguaje de señas.
    • El 45% de los centros de salud no contaban con servicio diferenciado para la atención integral de las adolescentes.
    • El 67% de los centros de salud no contaba con presupuesto para el servicio de planificación familiar.
    • El 95% no contaba con presupuesto para realizar labores de prevención de embarazo no deseado.
    • El 60% del personal de salud señaló haber identificado víctimas de violencia de género en el contexto de la atención.
    • Más del 87% de los centros de salud cuentan con disponibilidad de los medicamentos que conforman el kit de emergencia para casos de violencia sexual.
  • Principales recomendaciones

    Ministerio de Salud

    • Brindar servicios de planificación familiar de acceso universal, que permita gozar de la disponibilidad y calidad. Implementando ajustes en los servicios para adaptarlos a determinados grupos, para contar con servicios culturalmente pertinentes y libres de cuestionamientos y prejuicios.
    • Identificar las causas de la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos en determinadas regiones, así como la disparidad de cantidades de salud.

    Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

    • Reforzar las capacitaciones especializadas al personal del servicio de planificación familiar en la identificación y derivación de casos de violencia sexual, así como la entrega del kit de emergencia.
  • Síntesis

    Este informa fue publicado por la Defensoría del Pueblo en abril de 2023, con el apoyo de UNFPA, es el resultado de la supervisión desarrollada por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer a 94 servicios de planificación familiar en 10 regiones del país (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ica, Loreto, Pasco y Puno) con el objetivo de conocer los alcances y las limitaciones enfrentan tanto las y los proveedores del establecimiento de salud.

    Al respecto, debemos indicar que los servicios de planificación familiar son esenciales para garantizar una sexualidad plena y permitir que las mujeres tomen decisiones libres e informadas sobre su reproducción en concordancia con su autonomía, dignidad y plan de vida, libres de toda clase de discriminación o violencia; por lo que el rol que cumple el Estado es primordial en este extremo.

    En ese sentido, el Estado peruano tiene obligaciones específicas en torno al respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que se desprenden tanto del marco normativo interno (constitucional y legal) como internacional, de obligatorio cumplimiento para nuestro país. De ahí que, los servicios deben ser proveídos bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad, y tomar en cuenta los enfoques necesarios para ser adaptados a las necesidades y expectativas de grupos de especial protección.

    Es así que, en el contexto de Covid-19, se evidenció y agudizo la problemática vinculada a la provisión adecuada de los servicios de salud, incluidos los servicios de planificación familiar. Las principales víctimas fueron las personas en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, que vieron afectados sus derechos sexuales y reproductivos.

    Dentro de las principales conclusiones de este informe, encontramos las siguientes:

    • De los 94 servicios de planificación familiar supervisados sólo el 76% está en la capacidad de brindar el servicio utilizando lenguas originarias; el 15% podía brindar el servicio en lenguaje de señas.
    • El 45% de los centros de salud no contaban con servicio diferenciado para la atención integral de las adolescentes.
    • El 67% de los centros de salud no contaba con presupuesto para el servicio de planificación familiar.
    • El 95% no contaba con presupuesto para realizar labores de prevención de embarazo no deseado.
    • El 60% del personal de salud señaló haber identificado víctimas de violencia de género en el contexto de la atención.
    • Más del 87% de los centros de salud cuentan con disponibilidad de los medicamentos que conforman el kit de emergencia para casos de violencia sexual.

    En cuanto a las principales recomendaciones alcanzadas al Ministerio de Salud, encontramos la necesidad de brindar servicios de planificación familiar de acceso universal, que permita gozar de la disponibilidad y calidad, implementando ajustes en los servicios para adaptarlos a determinados grupos, para contar con servicios culturalmente pertinentes y libres de cuestionamientos y prejuicios; así como identificar las causas de la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos en determinadas regiones, así como la disparidad de cantidades de salud.

    Por otro lado, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se recomendó el reforzar las capacitaciones especializadas al personal del servicio de planificación familiar en la identificación y derivación de casos de violencia sexual, así como la entrega del kit de emergencia.

    Finalmente, a las Direcciones Regionales de Salud se les recomendó la necesidad de adecuar los servicios de salud sexual y reproductiva a las características socioculturales de la región, bajo un enfoque intercultural y territorial. Con ello, se busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conforme a los estándares nacionales e internacionales de salud pública y derechos humanos.





Palabras clave:
derechos sexuales y reproductivos
Métodos anticonceptivos
planificacion familiar
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