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Informe Defensorial n.º 001-2023-DP/AMASPPI/PPI:

Evaluación a los procesos de vacunación en comunidades y localidades indígenas del Perú. Seguimiento a la vacunación contra el COVID-19


Archivos:
Fecha:
13/11/2023

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Marilyn Aróstegui León
Diana Suárez Diestra
Giancarlos Quiroz Narvaez
Lizbeth Flores Usca
Gerardo Seminario Naruch
Leonardo Cortéz Farfán
Nelly Herminia Aedo Rueda
Lissette Vásquez Noblecilla


Editor:


  • Introducción

    La pandemia por el COVID-19 tuvo un grave impacto en la vida y salud de la población nacional. El origen de la enfermedad, sus efectos desconocidos y las insuficientes condiciones sanitarias a nivel nacional dificultaron al Estado responder oportunamente a esta emergencia. El impacto se agravó en territorios de pueblos indígenas, donde a las circunstancias descritas, se suman las barreras geográficas, económicas, culturales y lingüísticas que los coloca en una situación desfavorable para el acceso a su derecho a la salud.

    Frente a esta grave situación sanitaria, la vacuna se constituía en la forma más segura y confiable de generar protección y contrarrestar el avance del coronavirus a lo largo del territorio de nuestro país, lo que impulsó a diversos países del mundo a realizar sus mayores esfuerzos para contar con este medicamento. En el Perú, el Ministerio de Salud implementó, en el último trimestre del 2020, un Plan Nacional para la Vacunación contra el COVID-19, siendo modificado en abril del 2021. El Plan inicial no contemplaba un procedimiento específico para que la inmunización sea cultural y lingüísticamente pertinente en los pueblos indígenas, por lo que, en agosto del 2021, el Minsa emite un plan específico de vacunación para las comunidades, impulsado por las propias organizaciones indígenas y entidades como la Defensoría del Pueblo.

    Pese a contar con estos lineamientos, los índices de vacunación contra el COVID-19 en población indígena presentaban brechas respecto a la población nacional, tanto en el año 2021 como en el 2022. Para afrontar y dar solución a ello, la Defensoría del Pueblo supervisó a microrredes de salud ubicadas en departamentos con mayor presencia de población indígena (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Puno, y Ucayali), durante el último trimestre del 2022,

    Los resultados de la supervisión permitieron afirmar que los problemas estructurales de los servicios de salud en las comunidades y localidades indígenas persisten y continúan generando una vulneración sistemática a sus derechos, los cuales se vinculan a carencias presupuestales, logísticas y de recursos humanos, entre otros. Es a partir de ello que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe buscan que el Estado peruano agote los máximos esfuerzos para atender los desafíos identificados y adopte mejoras estructurales del servicio de salud para mejorar los procesos de vacunación regular en la población indígena a nivel nacional.

  • Desarrollo o síntesis

    La primera parte del informe defensorial permite conocer la situación de la salud de los pueblos indígenas a nivel nacional, así como también, desarrollan conceptos que se vinculan a la salud de los pueblos indígenas tales como el pluralismos médico y la etnicidad. La inclusión de estos conceptos se da con el fin de comprender, desde un punto de vista antropológico, la adecuación de los servicios de salud a los pueblos indígenas. No obstante ello, se ha recurrido también a realizar un análisis y un recuento de aquellas normas internacionales y nacionales que se han emitido para la atención de los pueblos indígenas frente a la emergencia sanitaria producida por el coronavirus.

    Luego de generar un diagnóstico conceptual y normativa sobre la salud intercultural en los pueblos indígenas, se centró el informe en conocer la incorporación de estos pueblos en la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, así como las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo efectúo en el marco del Protocolo de vacunación para pueblos indígenas que emitió el Ministerio de Salud, así como también se tomó la decisión de evidencias sobre las respuestas que los países de la región sudamericana realizaron para afrontar esta emergencia sanitaria en los territorios de los pueblos indígenas.

    Conociendo la realidad y las disposiciones emitidas por el Minsa para proteger la salud de los pueblos indígenas, a través de las vacunas, en la emergencia, se inició una supervisión nacional a las microrredes de salud cuyo servicio es brindado predominantemente en comunidades indígenas. Para ello, se contó con el apoyo de 16 oficinas defensoriales y módulos de atención defensorial ubicados en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, aplicándose una ficha de supervisión semiestructuradas sobre aspectos esenciales en el proceso de vacunación a esta población.

    En ese marco, se supervisó a las microrredes de salud la planificación del proceso de vacunación contra el COVID-19 en las comunidades indígenas, el presupuesto recibido, las coordinaciones efectuadas entre instituciones, las capacitaciones al personal de salud de los EESS, el equipamiento para la cadena de frío y su mantenimiento, la disponibilidad de servicios públicos básicos en los EESS, la incorporación del enfoque intercultural, así como las dificultades identificadas para la implementación de dicho proceso, entre otras.

    A partir de los hallazgos de la supervisión, la Defensoría del Pueblo planteó varios desafíos para que el Estado pueda mejorar los procesos de vacunación en las comunidades y localidades indígenas. Así, advertimos la necesidad de reforzar la institucionalidad estatal en materia de los pueblos indígenas, esto relacionado al fortalecimiento de la capacidad del Estado, a través de entidad rectora en salud, para garantizar el máximo nivel de goce de la salud de los individuos indígenas.

    Adicionalmente a ello, se identificó la necesidad de contar con un padrón nominal actualizado de la población de comunidades y localidades indígenas para la prestación de los servicios de salud, con el fin de dinamizar, acelerar y focalizar intervenciones sanitarias en las comunidades. En el ámbito presupuestal para la atención de salud, sugerimos que se genere un presupuesto por resultados como estrategia que permita mejorar las intervenciones en las comunidades indígenas.

    Por otro lado, un desafío importante es el refuerzo de la difusión de información con pertinencia cultural en los pueblos indígenas para toda atención de salud, no solamente en el tema de inmunizaciones. Asimismo, se ratificó que aún existen brechas y necesidades en lo que corresponde a infraestructura, capacidades logísticas y dotación de medicamentos; asimismo, se pidió se coloque en agenda la necesidad de mejorar la dotación y formación de profesionales de salud con competencia técnica e intercultural, entre otras.

  • Principales conclusiones

    1. Persisten las graves deficiencias en la atención de salud en las comunidades indígenas, las cuales fueron advertidas entre los años 2015 y 2021 por la Defensoría del Pueblo, principalmente, la inexistencia de establecimientos de salud en 6 de cada 10 comunidades nativas y/o campesinas. En tanto que, en zonas donde se cuenta con establecimientos, sus condiciones son bastante precarias como, por ejemplo, el escaso número y/o la falta de profesionales de la salud; la falta de presupuesto; la limitada capacidad logística y operativa por la falta de equipos médicos, de medios de transporte y combustible; la insuficiente dotación de medicamentos, vacunas y equipos de refrigeración para mantener la cadena de frío, entre otros, lo que constituye una violación sistemática del derecho a la salud de la población afectada.
    2. El Ministerio de Salud elaboró el “Protocolo para la vacunación contra la COVID-19 en pueblos indígenas u originarios”, sin embargo, dicho documento no fue aprobado mediante una norma sectorial, lo que limitó su adecuada socialización con el personal de salud responsable de la vacunación en las comunidades indígenas, situación que pudo advertirse durante la supervisión.
    3. La vacunación contra el COVID-19 en la población indígena no contó con un presupuesto específico para su implementación, sin embargo, este proceso inmunizatorio se reforzó con financiamiento público para la estrategia de prevención, atención y respuesta del COVID-19 a las comunidades indígenas, el cual se otorgó en noviembre del 2021 y octubre del 2022.
    4. La incorporación del enfoque intercultural en las estrategias orientadas a desarrollar el proceso de vacunación contra el COVID-19 no ha sido suficiente, en tanto que, en algunos casos, se ha advertido medidas que no han respondido a la realidad cultural de los pueblos indígenas ni a las carencias históricas del servicio.
    5. Las dificultades en la planificación también se reproducen a nivel local. En la supervisión se solicitó información a las microrredes de salud sobre la programación inicial de personas indígenas a inmunizar, siendo que 84 de ellas brindaron esta información, mientras que las 39 restantes no contaban o no precisaron dicha información. Asimismo, se advirtió que más del 60 % (76) del total de las microrredes de salud supervisadas (123) no brindaron información desagregada por género y grupo etario o esta fue parcialmente entregada respecto a la programación inicial y el avance de la vacunación, según las dosis correspondientes.
    6. Respecto al avance en la vacunación, en las microrredes supervisadas, se advierte que, durante el último trimestre del 2022, aún no se había ingresado a 64 comunidades indígenas para efectuar la vacunación, encontrándose estas ubicadas en los departamentos de Pasco (25), Ucayali (18), Loreto (15), Amazonas (5) y Madre de Dios (1).
    7. De acuerdo con el Protocolo, antes de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se requiere del consentimiento informado, manifestado por la firma o huella del interesado. En la supervisión se advirtió que en las microrredes de salud supervisadas ubicadas en Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Puno predominó el recojo de este consentimiento de forma oral.
    8. De las 123 microrredes de salud supervisadas, solo 14 de ellas señalaron haber recibido un presupuesto específico para la vacunación en comunidades indígenas. Asimismo, se advirtió que, a nivel de las microrredes de salud, algunas de ellas no tenían conocimiento si la Red de Salud a la que pertenecen habría recibido un presupuesto específico para la vacunación contra el COVID-19 a las comunidades indígenas.
    9. En la supervisión se identificó que 83 de 123 microrredes de salud informaron haber conformado menos de 5 brigadas de salud, así como 22 microrredes de salud que se encuentran en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali, indicaron no haber conformado brigadas para el proceso de vacunación contra el COVID-19 en comunidades indígenas, lo que limitó el avance de la inmunización en población indígena.
    10. La Defensoría del Pueblo constató el alto rechazo a la inmunización contra el COVID-19 por parte de la población indígena, debido a diversos factores como el temor a sus efectos adversos, la incertidumbre sobre su efectividad, las creencias religiosas o la información inexacta que se difundía sobre las mismas. Frente a esta situación, son importantes las acciones de difusión que contribuyan a brindar información certera, fácilmente comprensible y en el idioma local sobre la importancia de las vacunas.
    11. En 10 de los 11 departamentos donde se realizó la supervisión a las microrredes de salud que atendían a pueblos indígenas, se advierte que la mayoría de los actores locales (como el personal de salud, agentes comunitarios de salud, líderes comunales y/o docentes/directores de instituciones educativas) han brindado un discurso a favor del proceso de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, se pudo conocer que el departamento de Amazonas fue el único departamento donde se advirtió un mayor número de actores locales en contra de la vacunación, principalmente de actores como representante de iglesia, docente, tutor o director y líder indígena.
    12. Se advirtió que la falta de servicios públicos básicos caracteriza a los establecimientos de salud de las microrredes supervisadas que atienden a la población indígena y afecta su adecuado funcionamiento para la prestación del servicio de salud. Entre los casos más recurrentes está la falta de servicios básicos de agua, energía eléctrica e internet.
    13. . La mayoría de las microrredes de salud supervisadas han manifestado que los problemas logísticos (combustible y transporte) han dificultado el proceso de vacunación contra el COVID-19 en comunidades indígenas, principalmente las que se ubican en zonas amazónicas, así como la falta de personal para el desarrollo de este proceso, la ausencia de equipos electrógenos para la conservación de las vacunas y las barreras geográficas para el acceso a las comunidades.
    14. Durante la supervisión se ha advertido que existe personal de salud de las microrredes supervisadas que no brindaron información y que desconocen la realidad local o de las comunidades indígenas asentadas en su jurisdicción, principalmente al no haber identificado el número de comunidades que atienden dentro de su jurisdicción ni al pueblo indígena al que pertenecen estas comunidades, limitando que se brinden servicios de salud con pertinencia cultural en zonas donde residen pueblos indígenas.




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