0800-15-170
Línea gratuita - Atención las 24 horas

MENUMENU
Inicio  /  Noticia Nacional   /   Justicia electoral debe excluir a general Mora

Justicia electoral debe excluir a general Mora

1:25 pm 19/01/2020

  • La Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Perú, exigen medidas para enfrentar la violencia contra la mujer.

Frente a lo revelado la semana pasada, relacionado con el caso del general Mora, acusado de graves hechos de violencia familiar que originaron incluso medidas de protección por parte del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, opinó que la justicia electoral debe resolver este caso, y aquellos que tengan similar naturaleza, prefiriendo la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos de la mujer y las sentencias del Tribunal Constitucional y no normas adjetivas relacionadas con plazos y términos.

Al respecto, Gutiérrez Camacho recordó que es deber de todo funcionario e instancia jurisdiccional combatir toda forma de violencia hacia la mujer, en estricta consonancia con tratados internacionales que el Perú ha suscrito contra este flagelo y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), sobre la materia.

Estas obligaciones internacionales que nacen, por ejemplo, de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (Convención Belem do pará) obligan al Estado en su conjunto a tomar acciones concretas en esta materia, lo cual incluye en forma ineludible a la justicia electoral en todas sus instancias.

“No es admisible, por principio de jerarquía normativa, que se favorezca la participación electoral de personas con cargos de esta naturaleza, aplicando únicamente normas de rango reglamentario o legal. Se requiere en este caso resolver aplicando preceptos constitucionales y  convencionales”, señaló el Defensor del Pueblo.

En el ámbito nacional el TC ha sostenido en reiteradas jurisprudencias que el combate contra la violencia hacia la mujer es una obligación de todo el Estado incluido el sistema  de justicia, “el actor probablemente más importante en la ejecución de la política pública de lucha contra la violencia de género”. Combate del que no puede estar sustraída la justicia lectoral, remarcó Gutiérrez.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, señaló que el caso representa una oportunidad para que la justicia electoral establezca una línea jurisprudencial de claro rechazo a toda forma de violencia contra la mujer, estableciendo que quien incurrió en estas acciones no puede tener oportunidad de acceso a la función pública por elección. Hacerlo significaría una correcta interpretación y aplicación de los tratados internacionales, de la Constitución y de las sentencias del TC.