La Defensoría del Pueblo alerta sobre la grave problemática del mercurio y exige una intervención estatal urgente y coordinada

• Una amenaza silenciosa que vulnera gravemente derechos humanos y pone en riesgo la vida de miles de personas, especialmente niños, gestantes y comunidades indígenas, quienes sufren daños neurológicos y físicos que pueden ser irreversibles y transmitirse a las futuras generaciones.

• El mercurio, una de las sustancias más tóxicas, sigue ingresando y circulando ilegalmente en el Perú, a pesar de los compromisos internacionales asumidos en el marco del Convenio de Minamata, generando una grave contaminación ambiental. Estudios recientes evidencian que un número alarmante de niños presenta problemas cognitivos derivados del consumo de pescado contaminado.

Si bien el Perú cuenta con un Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (D.S. N.º 004-2019-MINAM), vigente hasta el 2030, en la reunión multisectorial convocada por la Defensoria del Pueblo, con el fin de evaluar la implementación del Convenio y la situación de las personas expuestas, se advirtió que la ejecución del Plan presenta avances parciales y enfrenta importantes limitaciones.

Así, advertimos la ausencia de un registro nacional completo y actualizado de afectados; la atención médica especializada continúa siendo insuficiente; no existen protocolos estandarizados para el diagnóstico y tratamiento; y el seguimiento a los casos confirmados es limitado. La persistencia en clasificar estas afectaciones como “raras” o aisladas contribuye a invisibilizar su verdadera magnitud y dificulta la asignación de recursos.

Asimismo, evidenciamos que la respuesta estatal sigue siendo fragmentada y reactiva.

El Ministerio del Ambiente lidera la coordinación general y la supervisión ambiental; el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, realiza vigilancia ambiental sin articular plenamente con la atención médica integral; y la SUNAT, ejerce control aduanero y de transporte de mercurio. No obstante, no existe un sistema integrado que vincule el monitoreo ambiental, la vigilancia sanitaria, el control aduanero y las acciones judiciales, lo que retrasa las intervenciones y debilita la protección de la población.

A ello se suma la grave advertencia formulada por la Policía Nacional y el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, quienes señalaron la falta de recursos económicos para realizar operativos sostenidos, y denunciaron que la corrupción en el aparato estatal constituye el principal obstáculo para erradicar el tráfico y uso ilegal de mercurio, debilitando la aplicación de la ley y favoreciendo la impunidad de las redes criminales. Resulta fundamental que la información obtenida en las investigaciones fiscales sobre zonas de uso y rutas de transporte de mercurio sea compartida con el MINSA y el MINAM, a fin de focalizar las acciones de prevención y atención.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda que el Estado asigne financiamiento permanente y garantice una articulación efectiva entre los sectores de salud, ambiente, producción, aduanas, fiscalías y Policía Nacional, priorizando la transparencia y el control interno para prevenir el uso ilegal del mercurio. Asimismo, insta a fortalecer la implementación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata con metas claras y verificables, e incorporar la participación activa de las comunidades afectadas, asegurando así una respuesta integral, sostenida y efectiva que proteja la vida, la salud y el patrimonio natural del país frente a esta sustancia mortal.