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Loreto: Defensoría del Pueblo pide a autoridad regional asignar presupuesto para atención a población contaminada con mercurio por minería ilegal

2:50 pm 24/08/2026

La Defensoría del Pueblo reiteró al gobernador regional de Loreto la necesidad urgente de asignar presupuesto para garantizar la atención en salud a la población expuesta a mercurio como consecuencia de las actividades de minería ilegal en las cuencas de los ríos Nanay, Putumayo, Yaguas, Napo, El Tigre, Marañón, Mazán, Curaray, Atacuari, Chambira y Pintuyacu.

El pedido fue planteado en un documento dirigido a la autoridad regional por el jefe de la sede defensorial de Loreto, Abel Chiroque, quien informó los resultados de la supervisión desarrollada el último martes en la sede de la Coordinación Regional de la Estrategia Sanitaria de Metales Pesados de la Dirección Regional de Salud (Diresa), donde se constató una severa restricción de recursos que afecta el monitoreo sanitario y el seguimiento a pacientes con concentraciones de mercurio por encima del límite máximo permisible (LMP).

Entre los hallazgos más críticos, se constató que en la cuenca del Putumayo hay 41 pacientes de las comunidades de Remanso, Curinga, Puerto Nuevo, Tres Esquinas, Primavera, Álamo, San Martín y Huapapa que presentan niveles de mercurio que superan el LMP y representan más del 80 % de las muestras tomadas entre junio y julio último. Sin embargo, hasta la fecha no se les ha podido comunicar el diagnóstico por falta de presupuesto para el desplazamiento de brigadas especializadas, cuyo recorrido demora aproximadamente 15 días.

Por su parte, en el caso de las comunidades ubicadas en la cuenca del Alto Nanay, la Diresa Loreto y el Hospital de Apoyo Iquitos no cuentan con recursos para el seguimiento médico continuo de los pacientes confirmados con altos niveles de mercurio. La situación es más complicada, debido a que no existe presupuesto para la toma de muestras en las cuencas de los ríos Yaguas, Napo, El Tigre, Marañón, Mazán, Curaray, Atacuari, Chambira y Pintuyacu, pese a reportarse actividad minera ilegal en dichas zonas.

En el documento dirigido al gobernador regional, la sede defensorial recordó que el pedido fue formulado en junio del año pasado, sin que se hayan adoptado las medidas presupuestales necesarias hasta el momento.

En ese sentido, la institución recomendó garantizar el derecho a la salud de los 41 pacientes del Putumayo mediante el financiamiento inmediato de brigadas itinerantes para la entrega de resultados; y la ampliación de la asignación presupuestal de la Estrategia Sanitaria de Metales Pesados de la Diresa Loreto para el seguimiento médico integral en el Alto Nanay, Putumayo y demás zonas afectadas.

La Defensoría del Pueblo reiteró que el derecho a la salud, reconocido por la Constitución Política del Perú y la Ley General de Salud, obliga al Estado a garantizar tanto el acceso a los servicios de salud como el derecho de los usuarios a ser informados oportunamente de los resultados de las evaluaciones médicas realizadas. En ese sentido, precisó que continuará haciendo seguimiento a las acciones que se adopten para proteger los derechos de la población afectada por esta grave problemática.